Reformas financieras
La Cosede blinda su liquidez y sostenibilidad tras cierre de cooperativas en Ecuador
Una norma de la Junta Financiera la ubica como última instancia para devolver depósitos pendientes. La Superintendencia defiende la solidez del sistema

La Cosede ha cancelado en los últimos cinco años $180 millones, correspondientes a 37 entidades en procesos de liquidación.
Esto es lo que debe saber:
- La nueva resolución de la Junta redefine cómo se protege el dinero de los clientes: la Cosede intervendrá como última opción y se priorizarán soluciones de mercado antes de usar el seguro.
- Cosede asegura que el cambio permitirá que los depositantes puedan acceder a sus recursos de manera más ágil, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos.
- Además, se fija un orden obligatorio de pagos en caso de cierre: primero trabajadores, luego pequeños depositantes y grupos vulnerables, y finalmente el resto.
La cobertura del seguro sobre los depósitos de clientes de bancos y cooperativas tiene nuevas reglas de juego. La Cosede, entidad encargada de proteger estos recursos, actuará como última instancia para su devolución. Y en caso de cierre de instituciones, los fondos deberán entregarse según un orden de prelación.
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La reforma consta en una resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM), emitida el pasado 3 de abril, que aclara los pasos a seguir en el proceso de Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP), el mecanismo que permite, antes de la liquidación de una entidad financiera, trasladar los depósitos de los clientes (junto con los activos que los respaldan) a una institución sana. Según la norma, la Cosede podrá aportar recursos para facilitar esta transferencia, pero siempre y cuando dicho aporte no supere el costo que implicaría el pago del seguro individual.
La Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) explicó a EXPRESO que la facultad de participar con recursos en el ETAP no es nueva, pues ya está contemplada en el artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero. No obstante, la novedad ahora es el orden en que debe seguirse este proceso. Antes de aplicar este mecanismo, primero se deberán evaluar las soluciones disponibles en el mercado. Si estas alternativas no son viables o no cubren a todos los depositantes, la Cosede, solo en ese caso, intervendrá garantizando el pago del seguro.
Los procesos de liquidación de cooperativas registrados son casos particulares y específicos.
La entidad aclara que este enfoque “responde a una gestión prudente y alineada a buenas prácticas internacionales”, y permite que “los depositantes accedan a sus recursos de manera más ágil y continua, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos”.
Para el experto financiero Carlos Rodríguez, los cambios son significativos, porque antes de esta resolución “las autoridades no analizaban otras opciones; la salida más fácil era que la Cosede liquide y punto”. Ahora, añade, en un contexto en el que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) continúa con un proceso de depuración de cooperativas con problemas, esto también cobra mayor valor, pues la Junta estaría buscando salvaguardar los niveles de liquidez del fondo.
¿Qué cooperativas están en proceso de liquidación?
Hasta febrero de este año, dice, el Seguro de Depósitos Popular y Solidario contaba con 1.243 millones de dólares, recursos que serían insuficientes para cubrir los depósitos de las cooperativas más grandes en caso de una eventual quiebra.
Solo en los dos últimos años, debido a problemas de gestión o solvencia, la Superintendencia ha ordenado la liquidación de al menos cuatro cooperativas: Cámara de Comercio de Ambato, CREA, Incoop y Cariamanga.
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La resolución de la Junta encendió las alarmas en redes sociales sobre posibles nuevos cierres. Sin embargo, el pasado lunes, mediante un comunicado, la SEPS aclaró que las liquidaciones registradas hasta ahora responden a problemas puntuales dentro de un sistema cooperativo que, aseguró, “se mantiene fuerte, sólido y sostenible”.
La entidad de control enfatizó que los cierres recientes se derivan de fallas propias de cada institución, “producto de una corresponsabilidad directa de sus órganos de gobierno” y de la incapacidad para superar los procesos de supervisión.
Los pagos deberán seguir un orden prioritario
Pero este no es el único cambio. La resolución de la Junta también establece que el administrador temporal de una entidad en cierre deberá ahora cumplir un orden de prelación estricto y obligatorio para la transferencia de pasivos, en función de los activos disponibles. Así, antes de cualquier transferencia, deberán reservarse recursos líquidos para cubrir, en primer lugar, los compromisos laborales.
En segundo lugar se priorizará a los depositantes cuyos montos no superen el límite de cobertura vigente, sin incluir intereses. Posteriormente, se atenderán los depósitos que excedan dicha cobertura, pertenecientes a personas de grupos de atención prioritaria. Y finalmente al resto de depositantes.
La norma, dice el experto, establece tiempos, para que los procesos de devolución no puedan tardar más allá de los 20 días que, por norma, la Cosede fijó para devolver estos recursos.
De ahí que es necesario que en el proceso de ETAP no solo se realicen procesos de valoración minuciosos y transparentes, sino ágiles, para no afectar ni a empresas ni a depositantes. Antes de la resolución, la Cosede llegaba a tardar entre 9 y 10 días en hacer las devoluciones, la mitad del tiempo límite permitido.
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Sobre este mercado
Reforma. La Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP) es un mecanismo mediante el cual, antes de la liquidación de una entidad financiera, se busca trasladar los depósitos de los clientes, junto con activos que los respaldan, a una entidad financiera sana. La norma fija cuándo la Cosede debe actuar.
Desembolsos: La Cosede ha cancelado en los últimos cinco años $180 millones, correspondientes a 37 entidades en procesos de liquidación. Según la entidad, los procesos implementados han permitido fortalecer la capacidad operativa del seguro, incluyendo mecanismos más ágiles de pago, como transferencias a cuentas de los beneficiarios.
Salud del sistema: Según la Superintendencia de Economía Popular, este sector, en su conjunto, suma un total de $32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia del 16,32 % y una liquidez del 38,16 %. Estos indicadores, según el ente, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.