Compra de arroz arranca con tropiezos: productores denuncian demoras, costos y desorden

El plan del Ministerio de Agricultura para comprar arroz directamente a los productores arrancó el 4 de mayo de 2026 con cuatro centros de recepción en las provincias de Guayas y Los Ríos. Sin embargo, en el campo la percepción es distinta. Agricultores se quejan de que falta una buena logística para que el Gobierno compre 20.000 toneladas de arroz.

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José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor, cuestiona que no se haya incluido a un punto de compra en Daule, uno de los principales cantones arroceros del país. “Nos parece extraño. Es donde más se produce arroz y no hay punto de acopio”, señala a Diario EXPRESO.

En su lugar, se habilitaron centros en zonas como Durán, donde, según los productores, la actividad arrocera es mínima. Esto, advierten, encarece el traslado y reduce la rentabilidad.

Diario EXPRESO solicitó información al Ministerio de Agricultura sobre las quejas que tienen los agricultores sobre la compra del arroz de parte del Gobierno. pero no hubo respuesta hasta el momento que se redactó este artículo. Sin embargo, ha emitido boletines donde se indica que el proceso de compra del alimento se realiza sin inconveniente, al menos en el escrito oficial no se indica ningún problema.

Más costos para el agricultor

La ubicación de los centros no es un detalle menor. Para los productores, representa un golpe directo al bolsillo.

Transportar una saca desde Daule puede costar hasta 3 dólares si se la lleva a Durán, cuando el costo sería de apenas 1 dólar si existiera un punto cercano. En Santa Lucía, el valor ronda los 2 dólares.

“Ese dinero sale del agricultor”, insiste García, quien advierte que estos costos adicionales terminan reduciendo el beneficio del precio oficial fijado por el Estado.

Inscritos, pero sin respuesta

El Gobierno asegura que cerca de 7.000 productores se han registrado en el sistema. Sin embargo, en el campo predomina la incertidumbre y algunos aseguran que ni siquiera se han podido inscribir.

Muchos agricultores, incluido García, afirman que llevan más de 15 días inscritos sin recibir la validación necesaria para poder entregar su cosecha. "Sin esa verificación técnica del predio, simplemente no podemos acceder al programa", destaca García.

“Estamos inscritos, pero no nos han notificado. No podemos llevar el arroz porque lo más probable es que nos lo rechacen, estamos esperando que nos llamen”, explica.

Según estimaciones del propio sector, hasta el 70 % de los productores estaría en la misma situación.

Ventas forzadas y pérdidas

La demora tiene consecuencias inmediatas. Algunos agricultores ya cosecharon y no pudieron esperar el proceso oficial, por lo que vendieron su producción a menor precio.

“Yo vendí a 22 dólares la saca porque necesitaba liquidez”, relata Rafael Cruz, productor, muy por debajo del precio mínimo de sustentación anunciado por el Gobierno, que va de 34 a 36 de dólares.

La falta de respuesta oportuna, dicen, los deja sin margen de maniobra en plena cosecha.

Los agricultores realizaron dos marchas para exigir que el Gobierno compre el arroz, la una fue en marzo en Daule y la otra fue en Babahoyo en los últimos días de abril de 2026. Los productores aseguran que invierten unos 1.300 de dólares para producir una hectárea de arroz y si se vende por debajo del precio mínimo de sustentación ni siquiera recuperan lo invertido. 

Menos empleo y menor siembra

El impacto no se queda en la comercialización. También se refleja en el empleo y en las decisiones de siembra.

"Como productor antes contrataban hasta 14 trabajadores ahora apenas cuatro. Los costos de producción, como fertilizantes y combustible, siguen al alza lo que obliga a reducir el número de empleados", cuenta Cruz.

Incluso, algunos agricultores ya analizan cambiar de cultivo o disminuir drásticamente la siembra de arroz en la próxima temporada.

Una política que aún no aterriza

Desde el Gobierno, el programa busca eliminar intermediarios, garantizar precios justos y asegurar liquidez inmediata. La iniciativa cuenta con un fondo de aproximadamente 8 millones de dólares para compras directas.

Pero en territorio, los productores sienten que la ejecución no está a la altura de la urgencia.

“La idea puede ser buena, pero así como está, parece una burla para el sector”, concluye García, reflejando el malestar de un gremio que, en plena cosecha, sigue esperando respuestas.