Colombia contradice a Noboa: dice que retiro de aranceles fue una orden de la CAN y hará lo mismo

El Gobierno de Colombia elevó el tono frente a Ecuador tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de eliminar desde este 1 de junio de 2026 la tasa de seguridad para las importaciones colombianas, tras alcanzar un acuerdo el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería colombiana sostuvo este 29 de mayo de 2026 que la decisión ecuatoriana no debe interpretarse como un gesto político o de buena voluntad, sino como el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

Según el comunicado difundido en sus redes sociales, la derogatoria de las medidas arancelarias a partir del 1 de junio de 2026 responde a órdenes de eliminación de esos gravámenes y de otras restricciones comerciales que la CAN dispuso contra Ecuador.

Este organismo regional estableció un plazo de 10 días hábiles para que Ecuador (100 %) y Colombia (hasta el 75 %) retiren sus aranceles recíprocos. El plazo venció el pasado 21 de mayo sin que ninguno de los dos países acatara las resoluciones.

Por esta razón, la Cancillería señaló que atribuir esta decisión a factores políticos o electorales “desdibuja su fundamento jurídico e institucional” y puede afectar la confianza de los sectores productivos y el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Colombia cuestiona restricciones impuestas por Ecuador

El Gobierno colombiano afirmó que las medidas adoptadas unilateralmente por Ecuador fueron contrarias a los principios y obligaciones del ordenamiento jurídico andino.

De acuerdo con Bogotá, estas restricciones afectaron el comercio intracomunitario, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas productivas y sociales de las poblaciones fronterizas de ambos países.

Además, recordó que diversos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), habían advertido al Gobierno ecuatoriano sobre los riesgos económicos asociados a la permanencia de medidas restrictivas al comercio, así como sobre sus posibles efectos en la actividad productiva, la competitividad y el bienestar de las comunidades fronterizas.

Colombia eliminará sus medidas espejo

Colombia ratificó también su intención de normalizar plenamente las relaciones comerciales con Ecuador, afectadas desde el 21 de enero de 2026, cuando el presidente Noboa anunció la aplicación de la tasa de seguridad.

La Cancillería anunció que también derogará las medidas adoptadas para contrarrestar las restricciones ecuatorianas, con el objetivo de restablecer la relaciones comerciales bilaterales. Pero no precisó una fecha.

Según el Gobierno colombiano, esta decisión reafirma su compromiso con el libre comercio intracomunitario, la integración andina y el fortalecimiento de la relación entre ambos países.

Actualmente, el país vecino aplicaba aranceles diferenciados de entre 35 %, 50 % y hasta 75 % sobre cerca de 190 productos ecuatorianos.

Acusación de injerencia electoral

Además, la Cancillería manifestó también su preocupación por lo expuesto por el presidente Noboa que, según indicó, podría llevar a interpretar que decisiones económicas, comerciales o fronterizas estarían vinculadas a dinámicas político-electorales en Colombia.

El Gobierno colombiano sostuvo que las decisiones comerciales deben regirse exclusivamente por criterios técnicos, jurídicos e institucionales, y advirtió que el uso de medidas económicas en medio de campañas electorales puede generar incertidumbre y afectar la confianza de los agentes económicos.

Por ello, Colombia expresó su “categórico rechazo” a lo que calificó como una “engañosa presentación” de la eliminación de los aranceles como una muestra de buena voluntad del Gobierno ecuatoriano y denunció una “deliberada injerencia” en el proceso electoral colombiano.

El comunicado afirma que la intervención de un mandatario extranjero en los asuntos internos de otro Estado constituye una vulneración del principio de no intervención, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado contra el sistema democrático.