Apagones y seguridad jurídica: qué facultades tiene la Policía ante órdenes de desconexión

La disposición del secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, para que la fuerza pública actúe en los casos de las empresas que no han cumplido la disposición de desconectarse del Sistema Nacional Interconectado (SNI), genera dudas y cuestionamientos.

“He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del Sistema”, anunció Neira en su cuenta de la red social X.

Incluso, publicó dos listados con el nombre de más de 20 compañías que no cumplirían la decisión gubernamental, algo que fue negado por algunas de ellas, que aseguraron que se está dañando su reputación.

Las dudas por el anuncio de Neira y las desconexiones

El jurista y exfiscal de Pichincha, Pablo Encalada Hidalgo, recordó que los miembros de la Policía Nacional solo pueden ingresar a una propiedad, sin consentimiento de sus ocupantes, en dos circunstancias: delito flagrante u orden de juez.

"¿En este caso había un delito flagrante?", cuestionó el abogado. Para él, un argumento podría ser que las empresas incumplieron el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Para él, pueden darse varias interpretaciones. Además, existen algunas dudas: "¿Es legítima la orden? ¿Quién la dio? ¿Está clara? ¿En dónde consta? ¿Un tuit de Neira es la orden?", mencionó Encalada.

Incluso, el jurista advirtió que si las autoridades consideraban que existía un delito flagrante, no se necesitaría la orden de un juez para ingresar con la fuerza pública, y además se debió detener a los responsables, algo que hasta ahora no ha sido comunicado por algún funcionario del Régimen.

"Me parece que allanar a las empresas de esta manera denota la forma autoritaria de ejercicio del poder de este gobierno", aseguró Encalada.

Alguien que también cuestionó el proceder gubernamental fue el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos, quien aseguró a EXPRESO: "Usar fuerza pública contra industrias que utilizan energía pública es un atentado”.