Fernando Santos: “Usar fuerza pública contra industrias que utilizan energía pública es un atentado”

Tras 23 días de cortes de energía aplicados a parte del sector industrial (consumidores de alto y medio voltaje), las acciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa para reducir la demanda de energía eléctrica en Ecuador y frenar la caída del nivel del embalse Mazar escalaron.

José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, expuso este 14 de octubre en sus redes sociales dos listados de 20 empresas cada uno que, según denunció, continuaban conectadas a la red eléctrica nacional y solicitó la intervención de la fuerza pública para hacer cumplir las restricciones.

“Estos son los clientes de medio voltaje que en este momento se encuentran conectados al Sistema Nacional Interconectado, poniendo en riesgo el abastecimiento de las familias ecuatorianas”, señaló Neira y agregó: “He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del Sistema”.

Para conocer el alcance de estas últimas acciones, Diario EXPRESO consultó a Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, que anunció hace tres años, en octubre de 2023, cortes programados de energía de hasta cuatro horas diarias para hogares, industrias y comercios, por la misma causa, la falta de agua para generar electricidad.

La fuerza pública y los cortes eléctricos

- En la situación actual, ¿una empresa que continúa trabajando pese a la disposición del Gobierno de desconectarse de la red eléctrica pública representa un riesgo para el resto del país?

Es un atentado flagrante contra la seguridad jurídica. De acuerdo con la Constitución y la Ley, la energía eléctrica es un servicio público que debe ser proporcionado exclusivamente por el Estado.

Más bien, las compañías podrían pedir auxilio a la fuerza pública para que se sancione a las autoridades que ilegalmente están cortando un servicio público. Las compañías no son culpables de estas suspensiones. Y nadie puede ser obligado a cumplir algo ilegal.

Además, el corte de un servicio público, bajo estas condiciones, es un atentado contra la Constitución que está cometiendo el mismo Estado. Entonces, la fuerza pública debería actuar contra las autoridades, no contra los privados.

De acuerdo con la Constitución y la Ley, la energía eléctrica es un servicio público que debe ser proporcionado exclusivamente por el Estado".

- Pero Ecuador atraviesa nuevamente una crisis eléctrica por la falta de generación e inversión, Mazar sigue cayendo. ¿Esta situación podría justificar las intervenciones con la fuerza pública?

En absoluto. El obligado a prestar el servicio público es el Estado y, si suspende ese servicio, el responsable es el funcionario que lo ordena. La víctima es quien se queda sin el servicio y, en este caso, es el sector productivo.

Además, están causando un perjuicio enorme a los bienes del Estado al operar el embalse de Amaluza por debajo de su mínimo. Están poniendo en riesgo los equipos de generación de Molino y Sopladora, que son unos de los bienes públicos más grandes del país.

- Entonces ¿cómo se puede justificar el uso de la fuerza pública en contra de empresas que no se han desconectado de la red pública de electricidad?

Nada justifica esta reacción del Gobierno. La ley más bien establece sanciones para quien interrumpe un servicio público y quienes han dispuesto estas suspensiones son las autoridades.

La ley más bien establece sanciones para quien interrumpe un servicio público y quienes han dispuesto estas suspensiones son las autoridades".

Mandar a la fuerza pública a presionar a las empresas es actuar contra la víctima en lugar de hacerlo contra el responsable.

- Entre las empresas expuestas por Neira hay exportadoras de pescado, camarón, flores y otros productos que requieren refrigeración. ¿Cómo se puede operar con estas restricciones?

No solo el pescado. En la lista de empresas a las que quieren presionar está Provefrut, que es una de las principales exportadoras de brócoli del país y presta servicios a centenares de pequeños y medianos productores de Cotopaxi y Pichincha.

El brócoli tiene que estar refrigerado a lo largo de toda la cadena, desde su recolección hasta llegar al mercado.

Si el producto se daña porque obligan a cerrar la planta, además de ser ilegal una intervención de la fuerza pública, se está causando un daño terrible al sector privado.

¿Qué pueden hacer las empresas ante las restricciones?

- Pero si un grupo de uniformados llegase para que se cumpla con la desconexión de la red pública, ¿qué puede hacer el privado?

Lamentablemente, es un ejercicio de fuerzas. Pero la Policía debe aplicar el principio de Núremberg de negarse a cumplir órdenes ilegales.

Si una autoridad civil le pide a la Policía que actúe contra la víctima, es obligación moral del policía negarse a acatar esa orden.

- ¿Las empresas estarían cometiendo alguna infracción o falta si no cumplen la disposición de desconectarse?

La fuerza pública solo puede actuar cuando alguien está violando una ley o un reglamento. En este caso, los empresarios no están violando ninguna Ley.

La fuerza pública solo puede actuar cuando alguien está violando una ley o un reglamento. En este caso, los empresarios no están violando ninguna Ley".

La fuerza pública debería exigir a las autoridades que cumplan con su deber de mantener activo el servicio público, no causar daños a cientos de agricultores por la falta de eficacia de las autoridades.

- ¿Qué mecanismos legales tienen las empresas para defenderse en las circunstancias actuales?

Deben presentar una acción de protección porque se están vulnerando sus derechos constitucionales, como el derecho al trabajo.

Las empresas tienen derecho también a demandar una indemnización por los daños y perjuicios causados por los funcionarios responsables de suspender un servicio público.

Los 800 MW que no llegaron al sistema eléctrico

- La crisis eléctrica es un problema heredado que se ha agravado con el aumento de la demanda y la falta de inversión en nueva generación. ¿Qué se hizo en su administración para reforzar el sistema eléctrico?

Durante la presidencia de Guillermo Lasso firmamos contratos de delegación por 800 megavatios (MW) para energías renovables no convencionales.

Eran proyectos eólicos, solares e hidráulicos que podían entrar en operación en un plazo relativamente corto. Necesitaban los permisos ambientales, pero este Gobierno frenó todos esos contratos, excepto uno en Loja.

Esos 800 MW nos habrían salvado de la crisis. Los proyectos podían estar operativos en un máximo de dos años. Han pasado tres años y siguen paralizados.

Esos 800 MW nos habrían salvado de la crisis. Los proyectos podían estar operativos en un máximo de dos años. Han pasado tres años y siguen paralizados".

- ¿No fue más bien la falta de garantías para el pago de las tarifas lo que frenó estos proyectos?

Los contratos quedaron firmados, con las autorizaciones de los ministerios de Finanzas y de Industrias.

Pocas semanas después de la salida del presidente Lasso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó el financiamiento para alimentar el fideicomiso que garantizaría los pagos.

Todo estaba listo y no requerían un centavo de inversión del Estado. Todos iban a ser financiados por el sector privado y habrían generado empleo, energía y bienestar.

- ¿Y qué se ejecutó con recursos públicos?

Se dejó terminado en un 98 % el proyecto Toachi Pilatón, que tiene dos centrales, una de aproximadamente 200 MW y otra de más de 40 MW.

La de más de 40 MW se inauguró y comenzó a funcionar durante el Gobierno del presidente Lasso. La de 200 MW quedó casi terminada.

- Pero Toachi Pilatón se inició en 2008 y luego estuvo paralizado hasta que fue reactivado durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno en 2019

Sí, se reactivó durante el Gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, durante la administración de Lasso se avanzó hasta dejar prácticamente terminada la central de mayor capacidad.

El contratista ruso quiso obtener una indemnización que considerábamos injustificada. El Gobierno de Lasso se negó a pagarla en defensa de los intereses del país.

Posteriormente, durante este Gobierno, se aceptó ese pago y el proyecto continuó.