Agricultores piden a la Corte Constitucional revisar acuerdo comercial con Estados Unidos

El debate sobre el acuerdo de comercio recíproco entre Ecuador y Estados Unidos llegó a la Corte Constitucional. El pasado 1 de junio de 2026, representantes del sector agrícola presentaron un Amicus Curiae en el que solicitan que el instrumento internacional sea revisado y sometido al control legislativo antes de su eventual ratificación.

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José García, coordinador de Defensa de los Agricultores, explicó a Diario EXPRESO que el documento busca demostrar que el acuerdo compromete aspectos fundamentales de la política económica, productiva y alimentaria del país, por lo que, según su criterio, debe contar obligatoriamente con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Cuestionan apertura a productos subsidiados

Uno de los principales argumentos planteados por los agricultores es que el acuerdo permite el ingreso progresivo de productos agrícolas estadounidenses con reducción o eliminación de aranceles, pese a que esos sectores reciben importantes subsidios estatales en su país de origen.

Según el documento presentado ante la Corte, productos como maíz, carne de pollo, carne de cerdo y, posteriormente, arroz, podrían ingresar al mercado ecuatoriano en condiciones que dificultarían la competencia para los productores nacionales.

García señaló que el acuerdo contempla que, en un plazo de 15 años, se eliminen los cupos y aranceles para la importación de maíz, mientras que en 20 años ocurriría lo mismo con el arroz.

A juicio del dirigente, esta situación generaría una competencia desigual debido a que los agricultores ecuatorianos no cuentan con los mismos niveles de apoyo estatal que reciben los productores estadounidenses.

Solicitan igualdad de condiciones

El sector agrícola sostiene que, si el acuerdo se mantiene vigente, el Estado ecuatoriano debería implementar mecanismos de apoyo similares a los que existen en Estados Unidos para garantizar una competencia equilibrada.

"Tal como está firmado, deja en desventaja a los productores ecuatorianos frente a los estadounidenses, que cuentan con subsidios agrícolas. Si se mantiene, el Gobierno debería otorgar un apoyo económico similar para competir de igual a igual", argumentó García.

Los agricultores también expresaron preocupación por posibles impactos sobre los precios mínimos de sustentación, el desarrollo de semillas nacionales y la capacidad del país para impulsar tecnologías propias en el sector agropecuario.

Argumentos de inconstitucionalidad

El Amicus Curiae sostiene que el acuerdo podría incurrir en las causales previstas en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 419 de la Constitución, relacionadas con instrumentos internacionales que comprometen la política económica del Estado, establecen mecanismos de arbitraje internacional o afectan competencias reservadas a la legislación nacional.

Además, el documento plantea que existirían indicios de inconstitucionalidad material al considerar que el acuerdo podría afectar principios como la soberanía alimentaria, la supremacía constitucional, el régimen de los sectores estratégicos y el modelo de desarrollo orientado al Buen Vivir.

Los promotores del recurso sostienen que el tratado condicionaría la capacidad del Estado ecuatoriano para definir políticas públicas en materia económica, productiva y agrícola.

Piden intervención de la Asamblea

Como parte de su solicitud, los agricultores piden que la Corte Constitucional determine que el acuerdo comercial requiere obligatoriamente la aprobación previa de la Asamblea Nacional antes de cualquier ratificación por parte del Ejecutivo.

El sector considera que, debido a sus implicaciones económicas y productivas, el instrumento debe ser debatido en el Legislativo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y evaluar sus efectos sobre la agricultura ecuatoriana.