Dializadora del Azuay pide a Cámara de Comercio de Cuenca gestión para cobrar deuda al Gobierno

La falta de pago por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mantiene en una situación crítica a la Unidad de Servicios Renales del Austro (Unireas), empresa cuencana que brinda tratamientos de diálisis a pacientes con insuficiencia renal crónica derivados de la Red Pública de Salud.

A través de una carta dirigida a la Cámara de Comercio de Cuenca, la compañía solicitó su intermediación para enfrentar la crisis de liquidez que, según señala, ha sido provocada por la acumulación de valores pendientes de pago por parte de las instituciones públicas.

Detalle de la deuda estatal

En el documento, al que tuvo acceso EXPRESO, se detalla que la deuda asciende a 4’172.703,39 dólares. De este monto, 2’053.630,72 dólares corresponden al Ministerio de Salud Pública y 2’082.672,67 dólares serían por parte del IESS.

En el caso del MSP, Unireas detalla que la deuda corresponde a 20 meses de servicios prestados, comprendidos entre enero de 2025 y agosto de 2026.

La situación también se extiende al IESS. La empresa detalla que el seguro general mantiene pendientes 1.848.786,37 dólares, que incluyen glosas que, según la dializadora, fueron justificadas desde abril de 2019, además de trámites completos correspondientes a 12 meses de atención, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

A esto se suman 233.886,30 dólares correspondientes al Seguro Social Campesino. La empresa asegura que estos valores incluyen glosas justificadas pendientes de pago desde mayo de 2025 y trámites completos correspondientes a nueve meses, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

Una deuda que compromete la atención

Unireas advierte en su carta que la prolongada falta de pagos ha generado una “crisis financiera que pone en riesgo la continuidad de un servicio” considerado esencial para pacientes con insuficiencia renal crónica.

La empresa sostiene que esta situación no solo afecta su sostenibilidad económica, sino que compromete la continuidad de tratamientos de alta complejidad de los que dependen los pacientes derivados por la Red Pública de Salud.

La compañía busca que, mediante la intermediación del gremio empresarial, se agilite la cancelación de los valores pendientes por parte del Estado. 

El pedido fue dirigido al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, José Miguel Abad luego de una supuesta conversación mantenida con Juan Malo Jaramillo, miembro del directorio de dicha organización.