El pasado 8 de junio, el presidente Guillermo Lasso firmó la entrega de cinco medallas ‘Al Valor’ para los familiares de los sargentos Iván Alcívar y Henry Toalombo y de los cabos segundos Jorge Tama, Steven Vargas y Cristian Ortiz de la Policía, quienes fallecieron en servicio como víctimas del terrorismo en Ecuador.

La entrega de los reconocimientos responde a un decreto de noviembre de 2022, reformado el 11 de abril y firmado por el presidente, donde se dispuso la creación de la medalla ‘Al Valor’ para reconocer el “honor, valentía, lealtad y gallardía” de policías, militares, miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia penitenciaria, de Vigilancia Aduanera y de otros servidores públicos en servicio activo o fallecidos en medio de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo.

“Más allá de las medallas debería haber un sistema de protección y ayuda económica a las familias de estos fallecidos”, menciona el abogado y experto en Derechos Humanos, Jorge Sosa, quien cree que se debe reforzar a la institución policial con chalecos antibalas, patrulleros blindados y una buena red de inteligencia para prevenir de los peligros a los policías y evitar más uniformados caídos.

Desde noviembre cuando se creó el decreto hasta el 8 de junio, el Gobierno ha hecho entrega de al menos 15 medallas post mortem a familiares de policías caídos en la lucha contra el terrorismo. Un informe policial muestra que desde el 2020 hasta abril de este 2023 se registraron en el país 42 policías asesinados. Al 8 de junio subió a 47.

Y es que los asesinatos a los uniformados han ido en aumento. En 2020, según los registros, hubo cinco asesinatos, 13 en 2021; y desde 2022 hasta abril de este 2023 ya fueron 29 decesos. Datos que muestran no solo a los miembros de seguridad como las otras víctimas del terrorismo, sino como un blanco de las bandas organizadas.

Para el jurista Efrén Guerrero, experto en Derechos Humanos, que las medallas ‘Al Valor’ post mortem cada vez sean más numerosas, según la tendencia, representan la falta de equipamiento integral. “Está demostrando que de la Policía su poder de impacto está siendo limitado y que le falta más equipamiento, apoyo legal y asistencia”, menciona.

A estas carencias, el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, le suma “la depuración de los malos miembros de las fuerzas del orden que se inmiscuyen en temas delictivos”. En medio de esa realidad la Policía sigue con su preparación para el combate a la delincuencia y al terrorismo.

El sábado 10 de junio, en el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), hubo una demostración por la conclusión del curso de expertos tiradores y operadores técnicos de drones y robots. La capacitación estuvo a cargo de dos instructores del RAID de Francia. Los expertos tiradores realizaron prácticas a distancias que van desde 100 a 800 metros, tomando en consideración factores como la humedad, altitud, viento y temperatura en lugares urbanos y rurales; incluyendo protección de personas importantes mediante el uso de armas de gran precisión.