
Via a la costa, sin redes de alcantarillado a la vista
50.000 habitantes aproximadamente residen en las urbanizaciones ubicadas en la vía a la costa.
El paisaje no es el mismo de antes. Desde hace cinco años quienes habitan en la ciudadela Laguna Club, en el kilómetro 12,5 de la vía a la costa, no pueden disfrutar más de aquel canal natural de aguas lluvias que en cada invierno se convierte en ‘piscina’.
En el pasado el lugar, que desfoga sus aguas en el estero Salado, acogía incluso a los residentes que se instalaban allí a jugar. Hoy todo es distinto. Ni siquiera las aves se acercan, puesto que quienes lo hacen mueren, debido a la contaminación del riachuelo.
Sus aguas son verdes y emanan fétidos olores que solo resultan atractivos para roedores y moscas. Y esto se da, según los vecinos, debido a que la planta de tratamiento del centro comercial Laguna Plaza, que colinda con la urbanización, ha “resultado ser más pequeña de lo esperado”, lo que ha provocado que sus aguas se rebosen y sean descargadas mediante una tubería a ese canal.
Una realidad que puede replicarse en al menos 19 de las 22 urbanizaciones que están ubicadas a lo largo de la vía a la costa, según cifras de la directiva general, y que descargan sus aguas servidas por medio de plantas de tratamiento. Las dos primeras, Puerto Azul y Bosques de la Costa, son las únicas ciudadelas que están conectadas a la red de la urbe.
“El daño ecológico que nos están provocando es terrible”. Y no solo por los olores que se perciben, explica José Javier Varas, morador de Laguna Club, sino porque el ducto alimenta también las lagunas que existen al interior de la residencia.
Un informe bioquímico que efectuaron los moradores en febrero pasado verificó que los valores de nitrato, aceites, grasas y coliformes fecales exceden “hasta 50 veces más” los límites máximos permisibles para descarga de agua dulce. “Nos están enfermando, pero nadie está haciendo nada”, lamenta.
Laguna Plaza, que ha confirmado a este Diario que no se pronunciará, ha sido clausurada dos veces: en 2014 por el Ministerio de Ambiente y en mayo pasado por el Municipio de Guayaquil, que la reabrió en menos de 24 horas.
En una entrevista realizada por Teleamazonas, el director de Ambiente del Cabildo, Bolívar Coloma, confirmó que el cierre se dio porque la dirección comprobó que las aguas residuales que salían del centro comercial estaban desembocando en el riachuelo y que este a su vez contaminaba el Salado. Además, porque se había terminado el plazo para que la empresa arregle este problema.
Respecto a la rápida apertura, Coloma indicó que el inconveniente se había solucionado y que estaban esperando un informe que iba a determinar que Laguna Plaza ya no estaba botando desechos en el canal.
Pese a la solicitud hecha por EXPRESO, el director de Ambiente de la Municipalidad no contestó las preguntas relacionadas a este tema.
Sergio Murillo, miembro del comité de la urbanización, asegura que el problema sigue latente y que entre las soluciones que plantea el mall está el conectarse a la planta de Laguna Club, algo que rechazan (de no darse ciertas modificaciones) porque “esta no tiene la capacidad de asumir más volumen de descarga”.
“Queremos que las aguas se traten correctamente porque sus prácticas ambientales son malas. Lo ideal sería que la vía a la costa tenga alcantarillado sanitario”. Sin embargo, dice Murillo, no hay ningún proyecto para ello.
Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, lo confirma. “A largo plazo se prevé construir un sistema de tratamiento propio para la vía a la costa, pero aún no está definido”, precisa.
Una decisión que preocupa al urbanista Luis Alfonso Saltos, quien habita en una de las urbanizaciones de la zona. Saltos considera que es muy necesario que pronto se implementen redes de alcantarillado, pues con los años estas plantas pueden colapsar. Como ya pasa en Laguna Plaza.
“Esto se da por una falta de planificación urbana. No ha hecho público un estudio sobre si es más rentable para la ciudad tener una planta en cada urbanización o una red que va a durar más de 50 años. La zona está en pleno desarrollo y con el tiempo este sistema ya no tratará las aguas de la misma forma. Las plantas solo deben ser provisionales”, señala.
Con respecto a la rentabilidad, Florsheim dice que el costo de mantenimiento depende de cada planta y que el valor de la construcción de una red debe ser definido por estudios. “Y no se trataría solo de red, sino de estaciones de bombeo y planta de tratamiento. El costo depende del tipo de tecnología que se implemente, en el caso de que se decida construir un sistema distinto al existente”.
El ingeniero Armando Saltos, especializado en tratamiento de aguas y saneamiento, coincide con Luis Alfonso. Aunque cree que, con un buen control, estos problemas pueden prevenirse y, en algunos casos en los que ya hay saturación, solucionarse.
“Realmente no se está haciendo el debido control porque el caudal que está emitiendo (cada planta) no es el adecuado. Las urbanizaciones pueden seguir con sus plantas, pero si ya la población crece, se quedan cortas. No colapsarían si implementamos lo que dicen las normas vigentes, pero si se siguen violando habrá consecuencias”, indica.
Según Armando Saltos, ya hay otras ciudadelas, además de Laguna Club, que tienen problemas con sus plantas de aguas residuales debido a la saturación. “En muchas ocasiones están junto a las casas. Por más que haya sistema de aireación, crea malos olores. La ley dice que una planta debe estar a unos 300 metros como mínimo y eso no se cumple”.
Esos malos olores, aunque en menor intensidad, se perciben dentro de la zona donde está la planta de tratamiento de Vía al Sol. Allí los vecinos están preocupados porque temen que la construcción de un mall junto a la ciudadela los lleve por el camino de Laguna Club.
“Ellos (el centro comercial) no dejaron prevista una tubería para el manglar y pretenden conectarse a nuestras redes de aguas lluvias. Lo mismo podría suceder con las (aguas) servidas si es que deciden no construir su planta”, dice Carlos Pástenes, administrador de Vía al Sol.
En un recorrido llevado a cabo por este Diario se constató que para mitigar el problema, las grandes urbanizaciones como Belo Horizonte o Terranostra han construido más plantas, debido al crecimiento poblacional. No obstante, algunas ya registran inconvenientes.
“Nos tomó más de dos años para que Interagua nos reciba esas plantas de tratamiento. Nos controlaban cada semana los efluentes. Nosotros teníamos un agua limpia, que servía para abastecer las lagunas y regar las plantas. Después de que la recibió Interagua, la calidad del agua bajó”, explicó a EXPRESO en una entrevista pasada José Maquiavelo, presidente ejecutivo de Etinar, constructora de Terranostra.
Una realidad más precaria es la que se vive en Torres del Salado, ubicada del lado derecho de la carretera. Allí, según indica Carlos Freire, presidente de la urbanización, las descargas domiciliarias aún se realizan por pozo séptico, “y con la promesa, hecha desde hace varios años, de que ya pronto nos conectamos al servicio municipal. Han ido a hacer las revisiones, pero hasta ahí llegó. Seguimos contaminando el ambiente”.
Una obra que estará junto a un parque
A quienes habitan en Chongón les tomó por sorpresa que en noviembre pasado se empezara a construir una planta de tratamiento que, según lo estimado, beneficiará a todo el sector. Y es que si bien reconocen que la obra facilitará las descargas de aguas residuales, esto teniendo en cuenta que las familias tienen únicamente pozo séptico, rechazan “por completo” que la hayan levantado en un terreno baldío situado a escasos metros de las viviendas.
“Vamos a estar en medio de las heces fecales. No entiendo cómo habiendo lugares más apartados, la ubicaron aquí en medio de la población. Jamás se socializó el proyecto y cuando protestamos porque vimos el inicio de la obra, nos dijeron que se iba a construir también un parque con piscina”, precisan Joaquín Agut y Gladys Adrián, habitantes de la zona.
La obra, que es ejecutada por el Municipio de Guayaquil, con fondos de la Terminal Aeroportuaria (Tagsa), ha causado además otras afectaciones. “Hace un par de años recién nos asfaltaron las calles y pusieron tuberías para el paso del agua potable. Ahora han vuelto a romper las mismas vías para cambiar las mismas redes. Esto es falta de planificación, porque si esto estaba en los proyectos hubieran hecho los trabajos juntos. No se dan cuenta de que afectan a los moradores”, dice Rocío Mercado, quien tiene una casa donde realiza eventos sociales.
Según Mercado, la obra no se ejecuta adecuadamente, pues debido a la apertura de esas calles, una pared de sus vecinos se ha venido abajo y el relleno se ha debilitado en varias ocasiones.
Los cambios son a largo plazo
Al igual que en la vía a la costa, en la parroquia urbana La Puntilla el 93 % de las ciudadelas privadas utilizan plantas de tratamiento de aguas residuales. El porcentaje restante (representado por las urbanizaciones Aquamarina, Biblos, El Río, Los Lagos, El Cortijo) utiliza aún pozos sépticos, explica Jaime Taboada, gerente general de Amagua, que presta los servicios de agua potable y alcantarillado en el cantón.
“Esperamos que en uno o dos años estas tengan ya sus plantas. Eso depende de los convenios a los que lleguen las ciudadelas con el Municipio, por temas de financiamiento”, dice.
Según Taboada, en las ciudadelas hoy existentes no está previsto crear una red de alcantarillado a largo plazo debido a que hacerlo resultaría incluso más costoso que mantener la misma planta. “Estas funcionan bien, no implican riesgo alguno, pueden durar toda la vida. Además, crear la red implicaría romper calles dentro de las ciudadelas y crear tuberías que salgan desde estos puntos hasta un terreno alejado al que lleguen las descargas”.
Sin embargo, los planes son diversos para las futuras residencias. Y es que, según consta en el desarrollo del ‘Nuevo Samborondón’, argumenta, estas se conectarán a una o “máximo dos” macroplantas. El proyecto, confirmado también por el alcalde, está previsto a ejecutarse en los próximos 30 años.