Venezuela vuelve a las noticias. A través de una perfidia sin precedentes, el presidente Nicolás Maduro se otorgó la victoria en las elecciones presidenciales realizadas el 20 de mayo. Dado que el abiertamente progobierno Consejo Nacional Electoral había eliminado de la lista a los tres principales partidos de oposición y descalificado a dos importantes líderes políticos, gran parte de la oposición boicoteó el proceso electoral. Los otros dos candidatos que participaron se negaron a reconocer el resultado en vista de las muchas violaciones que habían ocurrido. Lo mismo hicieron EE. UU., Canadá, la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos. A pesar de los actos de intimidación oficiales -por ejemplo, se obligó a los votantes a identificarse en los “stands” del partido de gobierno bajo amenaza de ser removidos de los programas de asistencia social- la abstención alcanzó niveles récord. Nunca hubo dudas con respecto al resultado de las elecciones, pero el evento destruyó toda pretensión de legitimidad por parte de Maduro. Entretanto, el catastrófico colapso económico de Venezuela continúa a ritmo abismal. Este año, hasta abril, los precios de los alimentos se habían multiplicado por 100, y solo en el último mes subieron más del 200 %. El precio del dólar se ha multiplicado por más de 100 desde julio de 2017. De acuerdo al informe mensual de la OPEP, en el año que terminó en abril de 2018, la producción de petróleo disminuyó 27 % ( 520.000 barriles anuales). Su nivel actual es de 1,4 millones de bpd, dos millones de barriles diarios menos que en 1999, cuando asumió el poder Hugo Chávez, antecesor y patrocinador de Maduro. El salario mínimo del trabajador medio solo alcanza para adquirir menos de 900 calorías al día, insuficiente para alimentar a una persona y menos a una familia. Cáritas Venezuela, la entidad católica de caridad, proyecta que este año 280.000 niños morirán de inanición. Bajo estas condiciones, no sorprende que los venezolanos estén abandonando su país a un ritmo sin precedentes en las Américas. Nuestro cálculo de emigración neta es que fue del 7,37 % desde abril de 2017 hasta febrero de 2018, lo que representa una tasa anualizada del 9,7 %. Dado que Venezuela tiene 30 millones de habitantes, esto significa 2,9 millones de personas al año, y la presencia geográfica de estos emigrantes es diferente de la previa: 24 % está en Colombia, 15 % tanto en Chile como en Argentina, y cerca de 5 % en cada uno de estos países: EE. UU., España, Perú y Ecuador. Como la situación económica venezolana continúa su rápido deterioro, es razonable suponer que el masivo éxodo se acelerará. La comunidad internacional necesita tiempo para resolver la crisis política de Venezuela, pero es un tiempo que los venezolanos no tienen. Los países pueden excusarse con el hecho de que han buscado activamente una solución diplomática y que han ofrecido asistencia humanitaria, solo para ser rechazados por el régimen de Maduro. Mas, el derecho internacional y la moralidad básica obligan a los países a llamar las cosas por su verdadero nombre y a otorgar el estatus de refugiados a los venezolanos. Hacerlo corregirá una situación injusta y entrañará beneficios a los países, pues podrán disponer de la energía y la creatividad de personas de bien, que solo anhelan vivir y trabajar de manera productiva y sin miedo.