Día de alegatos finales ante la Comisión de Fiscalización en el juicio político contra el presidente de la República. Como era predecible, dados los comportamientos de las jornadas anteriores, los acusadores de Guillermo Lasso incumplieron la sentencia de la Corte Constitucional. Esta dispone que “los hechos, argumentaciones y pruebas” ajenos al cargo de peculado en los contratos de transporte de petróleo entre Flopec y Amazonas Tanker (el único caso admitido por la Corte de los tres presentados por los proponentes) “no pueden ser parte” del juicio político. Contraviniendo esa disposición, la correísta Viviana Veloz, que actuó como única interpelante, cambió totalmente la narrativa de la acusación y echó mano de “hechos base” que, tanto en la sentencia de la Corte como en su propia solicitud de juicio político, correspondían a los cargos no admitidos. En consecuencia, la acusación cambió en el día decisivo y el abogado del presidente, Édgar Neira, se encontró ante el difícil predicamento de presentar pruebas de descargo para pruebas de cargo que no habían sido anticipadas.

Hubo, además, una discrepancia sobre la validez de una de las pruebas. Viviana Veloz había presentado uno de los audios facilitados por la empresa de producción de contenidos digitales La Posta, cuyo animador y accionista, el exitoso empresario Andersson Boscán, se excusó de asistir a la Comisión para explicar la forma en que lo obtuvo. Que esa prueba es ilegal, dijo Neira, pues fue obtenida sin consentimiento de los involucrados y formaba parte de un expediente sometido a reserva. “En materia de responsabilidad política no existe ilicitud de la prueba”, opinó Veloz. Neira citó jurisprudencia interamericana que dice lo contrario.

Tal como fue reconfigurado y expuesto por la legisladora correísta, el caso de peculado en Flopec quedó de la siguiente manera: hubo, en primer lugar, dos decretos presidenciales que facilitaron los esquemas de corrupción en la empresa pública (hecho no incluido en el planteamiento original): el decreto 107, mediante el cual Guillermo Lasso nombra a Hernán Luque Lecaro presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y el decreto 167 en el que, según ella, se mutiló el artículo 7 de la ley de empresas públicas para que el presidente de EMCO presidiera también los directorios de todas ellas. Luque destituyó al gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, por haber decidido la terminación unilateral del contrato con Amazonas Tanker, y nombró para ese cargo, del que se sacaba “plata en sacos” según dice él mismo en un audio, a su hombre de confianza Osvaldo Rosero. El contrato con Amazonas Tanker había sido examinado por la Contraloría, la cual encontró un perjuicio de 6,1 millones de dólares para el Estado, a favor de los intemediarios del transporte. Y si Contraloría no encontró indicios de responsabilidad penal fue, según Viviana Veloz, por un mero acto de encubrimiento, pues había un borrador de informe en que esos indicios sí constaban.

¿Cómo demuestra Veloz que el presidente “conoció y consintió” todo este negocio? Primero, porque Hernán Luque era su amigo cercano (había trabajado con él en el Banco de Guayaquil) y lo visitó en Carondelet más de treinta veces (hecho no incluido en el planteamiento original). Segundo, porque el entonces secretario anticorrupción, Luis Verdesoto, le había entregado unas fichas de prevención a través de las cuales “tuvo conocimiento de los actos de corrupción en Flopec”. Pero sobre todo porque el depuesto gerente Johnny Estupiñán le dirigió dos cartas denunciándoselo todo. Esto es lo esencial del alegato de Veloz, que le tomó una hora y media.

El abogado Édgar Neira habló otro tanto y sacó provecho de todas las debilidades de la acusación, empezando por la falta de pruebas de peculado. “¿Se ha aportado alguna prueba contable o financiera que determine en qué consiste el supuesto perjuicio económico?”, dijo. Pregunta retórica cuya respuesta es no. Los 6,1 millones (único perjuicio del que hablan los acusadores) corresponden al ejercicio del año económico 2020, cuando Lasso no era presidente. Durante el gobierno de este último, demostró Neira, las recomendaciones del informe de Contraloría se cumplieron todas (eran trece), se renegoció el contrato y aumentaron las ganancias.

¿Que el presidente hizo caso omiso de las denuncias? Falso, asegura Neira: envió una carta a la Fiscalía como ‘notitia criminis’, con cuatro carpetas de información sobre contratos de transporte petrolero; y durante su período, por insistencia de sus ministros, la nueva gerente de Flopec, Pilar Ferri, presentó una denuncia penal. También desmintió el abogado que Estupiñán fuera depuesto de su cargo por haber suspendido el contrato unilateralmente (cosa que tampoco es del todo cierta, pues revocó esa decisión). Las actas del directorio demuestran que lo echaron por no presentar balances y por negarse a cumplir las recomendaciones de Contraloría. En cuanto a las cartas que el exgerente envió a Lasso, dijo Neira, jamás fueron conocidas por el presidente, según el protocolo de tratamiento de esa correspondencia. Finalmente, toda la acusación se basa en el equívoco de que el presidente es responsable de lo que ocurre en las empresas públicas. La verdad es que estas, por mandato constitucional, tienen autonomía financiera y de gestión, sus contratos son exclusiva responsabilidad de sus gerentes y sus ingresos y egresos se manejan por fuera del presupuesto general del Estado.

Una vez escuchados los alegatos finales de las partes, corresponde a los asesores de la comisión elaborar el informe que será sometido a votación de los miembros, recomendando la prosecución del juicio en el Pleno de la Asamblea o su archivo. Para esta tarea tienen un plazo de diez días. A diferencia de otros juicios políticos, el del presidente de la República no contempla la posibilidad de adjuntar informes de minoría.

Otra carta de Estupiñán

El exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, testigo clave de la parte acusadora, no se presentó ante la Comisión cuando fue llamado. Envió una carta. Ahora, en la jornada de alegatos finales, mandó otra, al parecer pidiendo ser recibido por vía telemática. Los correístas insistieron en recibirlo. Ana Belén Cordero, presidenta encargada de la sesión, quiso que la comisión votara el caso. Como es costumbre en esta casa, hubo tal griterío y desorden, animado sobre todo por Viviana Veloz, que Cordero suspendió la sesión.