La ciudad puerto es el hogar de aproximadamente tres millones de personas. Desde su creación ha sido el epicentro de hechos que han marcado la vida de la nación.

Hoy, esta urbe está a pocos días de elegir a quienes administrarán sus recursos, ya sea con la misma receta, con otra fórmula o, al menos, con un contrapeso en ese reducto natural de legislación vía ordenanzas, el Concejo Cantonal de Guayaquil.

Particularmente en el distrito 3, correspondiente a zonas del norte, centro y suroeste, viven más de 500 mil personas y una cifra similar votará el 5 de febrero. Esta elección de autoridades seccionales está matizada, por adelantado, por las preocupaciones que aquejan a los guayaquileños.

En la encuesta de Cedatos de mediados del 2022, en primer lugar se sitúan los problemas económicos, en segundo puesto la inseguridad y un escalón más abajo está la falta de empleo. Al final de la lista están los problemas de salud, vivienda, corrupción y el manejo de la justicia.

La inseguridad ha escalado entre las preocupaciones locales. Ese tema de alta complejidad ha impactado a zonas residenciales como la Alborada, donde la incidencia delictiva ahora es mayor. Nicole Cañarte ya ha perdido la cuenta de las veces que los ladrones se han metido a las casas de su sector. En estos días tenían previsto realizar un bingo para financiar la compra de cámaras de seguridad.

“No se ve ni un agente patrullando, a diferencia de los extraños que caminan por aquí”, comenta la joven, quien cree que el próximo Concejo Cantonal debe crear o modificar ordenanzas que mejoren los protocolos de seguridad en los barrios o restringir ciertas conductas, dentro de las competencias locales, como lo que concierne a la regulación de los espacios públicos:“Que nos dejen cerrar las peatonales sin tanta traba y papeleo”.

En 2017, los concejales de Guayaquil aprobaron una ordenanza que prohíbe el consumo de drogas en calles y parques, pero esta no contempla sanciones. Sin embargo, el uso de ese tipo de sustancias es notorio.

Parte del problema de seguridad radica justamente en la adicción a estupefacientes de un sinnúmero de personas que roban bienes privados y públicos. El mismo Municipio de Guayaquil ha sido víctima de esto. Tapas de alcantarillas, rejas y tachos metálicos de basura son los principales objetos del mobiliario público que ‘desaparecen’.

Unos $ 500 mil de pérdidas anuales ha registrado el Cabildo por el robo de esos recipientes. Por ello, serán repuestos con recipientes de cemento. Al parecer haría falta un ajuste en la legislación cantonal para disuadir a quienes roban y compran esos bienes.

Los problemas que reportan los ciudadanos también van ‘sobre ruedas’. Por ejemplo, en la vía a la costa se siente cada vez más la falta de fluidez del tránsito vehicular, algo que se percibía solo en horas pico, entre las 06:00 y 09:00, por ejemplo. Sin embargo, ahora eso ocurre casi a cualquier hora, dice Jorge García, quien habita en la zona de Chongón. “Los colegiados que lleguen debe analizar las opciones para mejorar la movilidad en la ciudad. Incentivos para conductores, algo que pueda dar agilidad al tránsito”, pide García.

En la vía a la costa también se podría fomentar aún más el uso de la bicicleta,  para amortiguar la carga vehicular de los    vecinos de la misma zona que se movilizan cerca de sus casas.

En el centro de la ciudad también hay un sinnúmero de quejas. Esa es una zona compleja donde viven familias de larga data, comerciantes, colonias de extranjeros y migrantes recién llegados al país. El casco comercial se enciende muy temprano y en cuestión de minutos se convierte en un centro comercial al aire libre, donde los gritos de vendedores y los pitos de autos y buses inundan las calles y los pasajes de los edificios. 

“El ruido es insoportable en horas de mucho tráfico. Los conductores  piensan que el ruido mejora la circulación, pero no es así”, dice Gioconda, de unos 60 años, quien insiste en que el próximo Concejo Cantonal debe considerar un análisis a las ordenanzas relacionadas con la convivencia.

Los electores del distrito o circunscripción 3 tendrán que elegir a 4 concejales de entre 52 candidatos que representan a 13 organizaciones y alianzas políticas. Diario EXPRESO revisó la información pública de esos aspirantes y encontró lo siguiente: solo cuatro han declarado su impuesto a la renta del ejercicio fiscal del 2022, nueve tienen registros de multas de tránsito hasta la fecha de esta publicación, ese mismo número de candidatos ocupan u ocuparon un cargo público y seis registran procesos judiciales o denuncias en su contra. 

Por ejemplo, Juana Montero, de SUMA, tiene un proceso por  defraudación, que terminó en sobreseimiento, y otro por estafa, que no registra mayores detalles. Este Diario intentó contactarla a través de la dirigencia local, pero no fue posible. De la misma forma se buscó la versión de Héctor Baldeón, de Avanza, por un caso de extorsión, que finalizó con el sobreseimiento.

Gastón Bustamante, de Mover, en cambio fue investigado por falsificación de documentos. “Lo de la falsificación fue una patraña cuando yo aspiraba a una candidatura en Alianza PAIS”, se justifica Bustamante.

Por otro lado, la Fiscalía registra una denuncia por falsificación de firma sobre Andrés Benites, de RETO, quien asegura que no conoce esa acusación y que nunca ha sido notificado.

Entre los aspirantes a las concejalías del distrito 3 también está Scarlett Lindao, de la alianza Centro Democrático-Partido Socialista Ecuatoriano. Ella fue asesora de la asambleísta Bella Jiménez, a quien acusó en 2021 de haberle pedido $ 6.000 por ese cargo. En específico, dijo que entregó un cheque al portador por $ 2.500 para cancelar una cirugía estética de la legisladora, según reportes de prensa. El 12 de octubre de ese año la asambleísta fue destituida.