Los vacíos legales ponen en duda la estabilidad de Riofrío
La creación de una ley interpretativa para designar a un subrogante no es el camino legal para resolver la crisis institucional sostienen expertos
No hay argumento legal para la designación de un contralor general del Estado encargado. Y la elección de Carlos Riofrío como subcontralor no está amparada en los marcos legales que rigen en Ecuador.
Ni en la Constitución ni en la Ley de la Contraloría ni en la Ley del Servicio Público ni en ninguna otra se establece qué hacer en caso de que no se cuente con un subcontralor o subrogante .
El pedido patrocinado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la creación de una ley interpretativa no aplica en esta situación porque el recurso se utiliza cuando la ley que está en vigencia no es clara o se presta para confusión.
“Nuestro Código Civil prohíbe acudir a la interpretación cuando su tenor literal es claro, y las leyes interpretativas no se dictan cuando hay vacíos, para eso, habría que expedir la ley o reformar la actual Ley de la Contraloría y así intentar cubrir el vacío normativo”, detalló el jurista Ismael Quintana.
Las reformas legales cursan el mismo proceso que la creación de una ley que en el mejor de los casos llega a su aprobación al mes de su tratamiento como los cuerpos catalogados de económico urgente.
El abogado Alex Cedeño, experto en administración pública, política y gobierno resume el problema del vacío legal en una cuestión de elección entre lo jurídico y lo pragmático.
“Es un acto que no está sustentado en ningún elemento jurídico, pero si queremos ser prácticos, ante la institucionalidad del país, ponderando que es un organismo de control, siendo más pragmático que jurista en este caso en particular, mi criterio es que deberíamos afrontar por un lapso de tiempo de Riofrío como subrogante”, expuso Cedeño.
Esto en referencia al proceso de selección que debe emprender el CPCCS que por “muy optimista y rápido que sea” demorará más de ocho meses. Además, enfatiza en que conoce que la designación de Riofrío no es clara pero que se debe actuar frente a una crisis.
“¿Qué vamos a pesar? La legalidad jurídica o la institucionalidad pragmática”, dijo.
Hasta mientras, el académico y representante del frente de perjudicados por la Contraloría, Alejandro Rodas, denuncia que existen más de 1.000 exámenes especiales que “están por caerse en los contenciosos administrativos debido a que entraron a la fase de preclusión o caducidad. De esta forma el Estado ecuatoriano perdería miles de millones de dólares”.
Por su parte, Quintana recomienda acelerar el concurso de designación para no caer en delitos o problemas futuros, ya que Pablo Celi delegó a Jairo Caldas, director nacional de Gestión Institucional, para que nombre a Riofrío como subcontralor, todo esto mientras estaba en licencia; hecho que legalmente no procede debido a que el permiso inhabilita a un funcionario a ejercer funciones.
Los actos nulos se tienen como no existentes, en caso de que emita alguna resolución o tome alguna decisión en calidad pública que no ejerce, está cometiendo un delito de usurpación de cargo público que debería ser ya investigado por la Fiscalía
Por lo pronto, los integrantes del CPCCS insistieron una vez más a la mesa de transparencia de la Asamblea Nacional para la creación de una ley interpretativa y recibieron serios cuestionamientos por el retraso en la ejecución del concurso para la designación de la nueva autoridad.
La presidenta del organismo, Sofía Almeida, señaló que solo espera la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas para iniciar el concurso.
Los parlamentarios ordenaron al CPCCS elevar una consulta a la Corte Constitucional para establecer el procedimiento para la elección del contralor encargado.
