Universidad y libre ingreso

El ingreso a las universidades y politécnicas es de los más críticos problemas que hereda el nuevo gobierno. La oferta de crear 40 nuevas universidades técnicas, o más pertinente, institutos técnicos o tecnológicos, sería un atenuante. Se confunde el derecho de acceder a un centro de educación superior con el libre ingreso a ellos. La Declaración de Derechos Humanos es muy clara al respecto, garantiza el acceso conforme méritos del aspirante, pero no condiciona ese derecho.

El Ecuador expidió en 1982 una excelente Ley de Universidades y Politécnicas, que respetaba la autonomía de estas entidades, y las facultaba para regular estos procesos. Dicha normativa estipulaba realizar evaluaciones para la admisión y si no se superaba la prueba, quedaba la opción de nivelar conocimientos. Aquel mecanismo funcionó muy bien, instituciones y estudiantes sentían que no se perturbaban sus derechos.

En el gobierno que termina, criterios injustificables buscando tutelar la formación de los educandos, pretextando mejorar la calidad educativa, establecen cupos, evalúan al bachiller, determinan qué carrera debe estudiar y en qué lugar debe hacerlo, angustiando su derecho y bloqueando sus legítimas aspiraciones y esperanzas de un mejor futuro.

Se crearon y privilegiaron cuatro suprauniversidades, invirtiendo cuantiosos recursos, debilitando las restantes universidades y politécnicas públicas; se cerraron extensiones, se hostilizó a la universidad privada, reduciéndose ostensiblemente la oferta de ingreso. El resultado es una gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Los organismos nacionales creados para fortalecer el carácter autónomo de universidades y politécnicas han sido utilizados para limitar sus atribuciones y volverlas políticamente dependientes, regulando excesivamente su funcionamiento y el ejercicio de la docencia, restringiendo la libertad de pensamiento, de investigación y exposición sin temores de tesis, ideas, al amparo de la razón, la crítica objetiva y la creatividad. Urge cambiar estos criterios que afectan derechos de la universidad y juventud ecuatorianas.