El Tribunal Contencioso Electoral sanciona al secretario de Seguridad Diego Ordóñez con multa de $ 8.400

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El Tribunal Contencioso Electoral sanciona al secretario de Seguridad Diego Ordóñez con multa de $ 8.400

La denuncia fue presentada por la asambleísta correísta Mónica Palacios. El funcionario no pierde sus derechos políticos

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En primera instancia una jueza desechó la denuncia presentada en contra de Diego Ordóñez.Archivo/ EXPRESO

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó al actual secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, con el pago de $ 8.400 por violencia política de género en contra de la asambleísta de Unión por la Esperanza (Unes), Mónica Palacios.

La querella inició luego de que en noviembre de 2021 el todavía legislador escribió en su cuenta de Twitter la frase “pasar del tubo a la Asamblea y surgen estas argucias torpes” en alusión a una nota del medio digital 4Pelagatos que hablaba sobre la actuación de Palacios en el Legislativo.

Sin embargo, en julio de este año la entonces jueza Patricia Guaicha desechó la denuncia al considerar que no se presentaron las pruebas suficientes y correctamente certificadas para sustentar la denuncia.

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Palacios apeló ese falló y el pleno del TCE con cuatro votos a favor le dio la razón, la tarde del 28 de noviembre de 2022, aunque de forma parcial ya que la asambleísta correísta pretendía una sanción más drástica en contra del funcionario.

Específicamente, solicitaba que se aplique los numerales 3 y 7 del Código de la Democracia con el objetivo de que la sanción no solo sea pecuniaria, sino que incluya la suspensión de los derechos políticos de participación por un lapso de entre dos y cuatro años, como señala la norma.

Si bien, los jueces encontraron la existencia de pruebas y motivos suficientes para penar a Ordóñez por sus expresiones a través de las redes sociales porque se afectó y menoscabó la imagen de Palacios por tratarse de un tema personal e íntimo, “no existe constancia procesal que dicha actuación hubiese limitado sus derechos políticos, dado que la legisladora ha podido seguir ostentando su función pública y seguir ejerciendo actos de fiscalización en contra de los actos del poder público”.

Por eso, los jueces se basaron en el principio de proporcionalidad y aplicaron la sanción más leve de veintiún salarios básicos unificados por la falta. La multa económica más alta es de setenta salarios básicos unificados.