Reclutamiento de menores: ¿Servirá la prevención estatal?

 Cada vez más niños y adolescentes son captados por organizaciones criminales en Ecuador, mientras las cifras reflejan una violencia que no deja de escalar. Entre 2019 y 2024, los homicidios de menores aumentaron un 627,5 %, según UNICEF Ecuador; en ese mismo período, la Fiscalía procesó a 1.278 adolescentes por distintos delitos y, solo en 2025, fueron retenidos 2.812 menores. Frente a este escenario, la discusión ya no se centra únicamente en cómo castigar a quienes los reclutan, sino en si el Estado tiene la capacidad de evitar que ese primer contacto ocurra.

Con ese objetivo, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional impulsa el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta de 64 artículos que plantea endurecer las sanciones y obliga a ministerios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y otras instituciones a implementar políticas de prevención, sistemas de alerta temprana, atención psicológica y procesos de reintegración para menores en riesgo o víctimas.

Los desafíos más allá del papel

Sin embargo, el verdadero desafío no es aprobar una nueva ley, sino hacerla cumplir. Especialistas y legisladores coinciden en que Ecuador mantiene una débil coordinación institucional, escasos protocolos preventivos y poca capacidad para intervenir en los territorios donde el crimen organizado recluta niños y adolescentes. La discusión de fondo es si el Estado tiene recursos y voluntad para pasar del castigo a la prevención.

EXPRESO solicitó entrevistas a los ministerios del Interior, Educación y Salud, instituciones que tendrían un rol clave en la aplicación de esta reforma. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que el análisis se construyó con los aportes de un integrante de la comisión legislativa y especialistas en seguridad y salud mental.

Para el asambleísta Jorge Chamba, la propuesta convierte a los GAD en actores clave mediante programas sociales, deportivos y recreativos dirigidos a menores. Aseguró que esas competencias podrán ejecutarse con los recursos actuales. “No hay recorte en lo económico, en lo absoluto, no hay, no hay”, afirmó. Además, sostuvo que la prevención debe extenderse al entorno digital, donde las organizaciones criminales captan menores mediante videojuegos e internet. Por ello, el proyecto plantea bloquear contenidos vinculados al reclutamiento y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales. “Cuando se vean estos temas, inmediatamente la señal deba cortarse”, señaló.

No existe una planificación adecuada sobre el manejo del reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico. Las bandas consideran a los niños como material desechable.Mario Pazmiño, Exdirector de Inteligencia

Incremento de penas para los reclutadores

La iniciativa también incrementa las penas para quienes recluten o utilicen menores en actividades delictivas, con sanciones de entre 22 y 26 años de prisión. A la par, propone reforzar la prevención desde las aulas con la participación permanente de la Policía Nacional. “Los policías deben ser instructores o capacitadores de estos temas como una materia más”, dijo Chamba.

Desde la seguridad, el exdirector de Inteligencia Mario Pazmiño considera que el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de planificación. “No existe una planificación adecuada sobre el manejo de lo que es reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico”, afirmó. Explicó que las bandas criminales utilizan a los menores como “material desechable” para vigilancia, transporte de drogas, extorsiones e incluso sicariato. Alertó que el reclutamiento inicia con pequeños incentivos económicos y luego deriva en amenazas que impiden a los adolescentes abandonar esas estructuras. Incluso, advirtió que, en algunos casos, “se convirtió esto en un negocio también por parte de padres de familia”.

Para Pazmiño, la prioridad debe ser fortalecer la prevención mediante capacitación a docentes, padres y estudiantes, protocolos de seguridad, vigilancia digital y planes específicos para las escuelas más vulnerables. También cuestionó que algunos municipios limiten su participación en seguridad pese a recaudar recursos destinados a ese fin.

Aspectos más profundos del problema

La psicóloga clínica Paola Cercado advirtió que la mayor vulnerabilidad no siempre está en la pobreza, sino en la falta de vínculos afectivos. “Cuando los niños se sienten desprotegidos, se sienten desvalorados, se sienten no amados, van a buscar alguien que les dé esa contención o ese calor de hogar”, explicó. A su juicio, una ley no cambiará la realidad si no va acompañada de políticas permanentes de educación, deporte, arte y salud mental. “Si no educamos y no cuidamos a la infancia, no nos podemos estar quejando tanto del adulto”, afirmó.

Respecto a quienes ya fueron captados por organizaciones criminales, Cercado sostuvo que la reinserción exige procesos reales de rehabilitación con acompañamiento psicológico, educación emocional y seguimiento familiar. “Los niños deberían tener una etiqueta que diga: ‘Tratar con cuidado porque puede romperse’”, expresó. Para la especialista, la principal barrera frente al reclutamiento sigue siendo una infancia acompañada, protegida y atendida antes de que el crimen organizado ocupe ese espacio.

Los GAD podrán asumir las nuevas responsabilidades de esta ley con los recursos actuales. La Policía debe capacitar sobre reclutamiento como una materia más en las escuelas.Jorge Chamba, asambleísta e integrante de la Comisión de Salud