Los jueces de la Corte Provincial del Guayas, Lenin Zeballos, Jessy Monroy y Roberto Ángulo, serán procesados por el delito de prevaricato.

Su procesamiento se da luego de la Corte Constitucional los señaló por abusar del derecho al conceder acciones de protección de forma ilegal.

“El país ha sido testigo de cómo los jueces, abusando de sus competencias, aceptaban acciones de protección a delincuentes para dejarlos en libertad o reformar sentencias”, indicó la fiscal general, Diana Salazar, en un video institucional.

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En junio pasado, la Corte Constitucional revisó la actuación de los jueces provinciales y determinó que habían caído en una práctica de abuso de las garantías jurisdiccionales. Por eso, en ese fallo, la Corte Constitucional dispuso al Consejo de la Judicatura inicie los procesos disciplinarios para sanciones administrativas y que difunda el fallo a todos los jueces, fiscales y defensores públicos del país.

Además, de la liberación de delincuentes, que asegura la fiscal Salazar, los tres jueces cometieron error inexcusable al beneficiar a empresas privadas y obligar al Banco Central a devolver 12,5 millones de dólares retenidos en un juicio.

Durante los allanamientos se incautaron documentos, equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y dinero en efectivo. Además, los sospechosos son Lenin Zeballos, Jessy Monroy y Roberto Angulo. A los judiciales se los señala por haber reformado ilegalmente una sentencia.

La madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023 miembros de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron los domicilios de los jueces de la sala penal de la Corte de Justicia de Guayas ubicados en Guayaquil y en una urbanización de la vía a Daule. Además los agentes llegaron a los despachos de los judiciales a quienes la Fiscalía investigó por el presunto delito de prevaricato.

El abuso de las garantías jurisdiccionales se ha visto también en otros casos. Por ejemplo, otro juez de Yaguachi ordenó que se restituyan los derechos políticos de Jorge Glas, exvicepresidente sentenciado por casos de corrupción.

En este caso, el Tribunal Contencioso Electoral determinó que se trata de una ilegalidad, por lo que el juez debe ser procesado por peculado.

El mismo juez también echó abajo un proceso de contratación pública en Petroecuador y lo hizo con base en una demanda falsificada.

Otros jueces, mediante acciones constitucionales, también han ordenado el traslado o no de presos con sentencia. Han ordenado la compra de un determinado medicamento, hasta la marca, a las instituciones públicas o han evitado que los contratos sean terminados.

Todo esto a través de figuras como habeas corpus, medidas cautelares, acciones de protección y otros. 

• Hecho. Los jueces cometieron error inexcusable al beneficiar a empresas privadas y obligar al Banco Central a devolver $ 12,5 millones retenidos en un juicio.

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