Desde la implementación de la Ley de Amparo Laboral en 1997 hasta las reformas más recientes en 2020, en Ecuador se ha buscado, a través de instrumentos legales, establecer cuotas que aseguren una participación equitativa de las mujeres en la vida política del país.

Pese a los avances y al incremento del número de mujeres en puestos de liderazgo político aún existen desafíos económicos, sociales y estructurales que las mujeres deben afrontar.

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Karina Ponce, economista, experta y quien ha impulsado el cumplimiento de las reformas electorales, dijo a EXPRESO que se puede observar el avance logrado a través de estas medidas. Para Ponce, el tener una Asamblea muy cercana a la paridad es el resultado “de las cuotas que han sido justamente exigidas debido a la desigualdad e invisibilidad histórica” que han enfrentado las mujeres en la esfera política.

No obstante, Ana Karen Gómez, directora ejecutiva de MEGA Mujeres, asociación de mujeres por la equidad de género y la autonomía, señaló que las estadísticas reflejan un progreso significativo. 

Al comparar las elecciones locales de 2019 y 2023, se observa un aumento notable en la cantidad de mujeres liderando listas y siendo elegidas como alcaldesas. En la Asamblea Nacional, también se aprecia un incremento en la representación femenina, con un 44 % de asambleístas mujeres después de las elecciones anticipadas del 2023.

Sin embargo, la directora de MEGA Mujeres admitió que aún existen desafíos significativos, pues los partidos políticos continúan mostrando resistencia hacia el liderazgo femenino y buscan maneras de evadir las cuotas establecidas legalmente.

Ponce identificó tres desafíos clave que siguen siendo barreras importantes para la participación política femenina. 

En primer lugar, destaca el dilema del “costo social de oportunidad” que implica para las mujeres su compromiso político: “Muchas mujeres tienen cuestionamientos por sus familias por ‘desatender al hogar’ por estar en política, e inclusive se las responsabiliza de las posibles crisis familiares o de matrimonio”. 

A esto se añade, según la experta, el costo económico de la actividad política pues a las mujeres les falta los recursos necesarios para financiar campañas políticas exitosas, lo que las deja en desventaja frente a sus contrapartes masculinas que tienen un acceso más fácil a fondos y respaldo financiero. 

Ponce también habló de las técnicas de negociación, mediación y resolución de conflictos como otro reto al que se enfrentan las mujeres al ingresar al ámbito político: “Las mujeres entramos a la arena política con menos ventaja comparativa en tiempos que los varones”, aseguró.

Los roles tradicionales de género, según Gómez, contribuyen a perpetuar una forma de violencia basada en el género que limita la participación política de las mujeres y busca relegarlas al ámbito privado. Además, explicó que muchas mujeres renuncian a sus cargos políticos por los ataques que pueden enfrentar. Gómez sugirió que los partidos mejoren la inversión en las campañas políticas de mujeres y que se observe si al interior de estos hay paridad y si se sanciona la violencia política: “Es necesario implementar reformas como el establecimiento obligatorio de un rubro del fondo partidario para fortalecer los liderazgos femeninos”, dijo.

Ana Karen Gómez, directora de MEGA Mujeres: "Las leyes ayudan y muestran un impacto real sobre la representación... A las organizaciones políticas les sigue resultando difícil aceptar los liderazgos femeninos".

Karina Ponce, promotora del cumplimiento de las reformas de paridad: "Lo pendiente será que la paridad surja como efecto político. Que las mujeres no repliquen los vicios que han desgastado la política sino que la dignifiquen".

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