Contratación pública en Ecuador: ¿puede la tecnología frenar la corrupción?

El gobierno busca reformar el Sistema Nacional de Contratación Pública, ya que la adquisición de bienes y servicios representa anualmente alrededor del 20 % del Presupuesto General del Estado.

La justificación del Ejecutivo es que la corrupción y los sobornos en compras públicas podrían alcanzar hasta los 930 millones de dólares anuales. “Estos millones de dólares, desviados de su propósito original, podrían destinarse a inversión social, infraestructura o fomento productivo, pero en cambio, engrosan bolsillos ilícitos”, señala la exposición de motivos del proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.

Los cuatro pilares de la ley para modernizar la contratación pública

Para Carlos Villacís, presidente del Observatorio Ciudadano de Compras Públicas 4.0, la propuesta (que incluye seis artículos, cuatro disposiciones transitorias y una derogatoria) se resume en cuatro pilares: transparencia, uso de tecnología, simplificación de procesos y participación ciudadana.

En cuanto a la transparencia, Villacís destaca que lo más importante es hacer públicos todos los datos y generar una buena calidad de la información de las compras públicas para identificar los nudos críticos. “Para entender el problema, es necesario entender el sistema. Analizando grandes volúmenes de datos, se pueden detectar fallas sistémicas que se repiten en todos los procesos”, explica.

El proyecto de ley propone usar la tecnología como herramienta preventiva contra la corrupción, así como para garantizar la trazabilidad de cada etapa del proceso y aumentar la confianza ciudadana. Villacís señala que esto ya se aplica en otros países mediante blockchain, inteligencia artificial y ciencia de datos. De hecho, el portal del Observatorio Ciudadano ya utiliza esta tecnología para analizar más de 2,3 millones de contratos públicos.

“En 2024, la contratación pública representó el 22 % del Presupuesto General del Estado, es decir, unos 7.900 millones de dólares. Esto equivale a un promedio de 31 millones de dólares diarios y cerca de 960 procesos al día. Es imposible controlar manualmente tanto dinero y tantos procedimientos. Por eso es necesario adoptar tecnologías ya utilizadas en otras partes del mundo”, afirma Villacís.

¿Qué cambia en los procesos? La apuesta por la simplificación

Sobre la simplificación de procesos, Luis Alberto Andrade, máster en contratación pública y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, considera que se trata de un avance positivo. Sin embargo, aclara que esta simplificación se aplicará únicamente al Régimen Común, donde existen 10 modalidades de contratación como subastas inversas electrónicas, catálogo electrónico, licitaciones y contratación por menor cuantía.

“En general, el concepto de la ley es bueno. Tiene aspectos positivos, como la necesidad del Estado de implementar herramientas tecnológicas actualizadas. También es acertado introducir el criterio de valor por dinero, fomentar la innovación y limitar el control discrecional del Sercop”, sostiene Andrade.

No obstante, como toda legislación, también identifica elementos problemáticos. Uno de ellos es que el proyecto no permite al Sercop emitir más reglamentos, lo que, según Andrade, podría dificultar la adaptación de la normativa ante cambios en la realidad.

Otro vacío importante, señala, es que el texto no contempla mecanismos de pago claros para los proveedores del Estado. “Era una oportunidad clave para establecer procedimientos que aseguren pagos oportunos y un trato justo a los proveedores”, advierte.

Transformación digital del Sercop: entre la voluntad política y los retos técnicos

Por su parte, María Sara Jijón, exdirectora Nacional de Contratación Pública, considera positivo que el presidente Daniel Noboa demuestre “voluntad política para invertir en la transformación digital del Sercop”, lo cual califica como “tremendamente loable”.

Jijón recordó que desde 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró interés en un proyecto para fortalecer el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), la plataforma tecnológica donde se gestionan las compras públicas. Sin embargo, advirtió que en los últimos meses el SOCE ha presentado graves problemas operativos: “El portal ha llegado a estar fuera de servicio hasta por 10 días, impidiendo realizar compras mediante Catálogo Electrónico”.

Según Jijón, el punto más crítico es avanzar en la transformación tecnológica del Sercop, pero para que sea efectiva, es indispensable lograr la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de otras instituciones clave: la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Contraloría General del Estado.

Expertos opinan sobre la reforma: fortalezas, vacíos y riesgos del proyecto

• Carlos Villacís,Observatorio de Compras Públicas 4.0. "La propuesta se resume en cuatro pilares: transparencia, uso de tecnología, simplificación de procesos y participación ciudadana. Es importante crear una cultura de la integridad..

• Luis Alberto Andrade experto en contratción: "El proyecto tiene aspectos positivos y negativos, como el uso de la tegnología. Pero a su vez limita al Sercop para que pueda emitir y ajustar su normativa".

• María Sara Jijón, exdirectora del Sercop. "Es preocupante que se plantee que a los proveedores que denuncien se les dará preferencias y esto puede dar pie a que haya denuncian falsa. Esto se debe discutir bastante".

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