Tabla de consumo de drogas 2025: ¿Cómo será la relación entre policía y consumidores?

El 7 de junio, la Asamblea Nacional dio luz verde a la primera ley de carácter urgente presentada por el Ejecutivo en esta nueva etapa legislativa: la Ley de Solidaridad Nacional. Con el respaldo de 84 asambleístas, principalmente del bloque oficialista, la propuesta ahora queda en manos del presidente, quien deberá decidir si la ratifica o la objeta.

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La Ley de Solidaridad ha sido clave en este nuevo enfoque. Aunque su objetivo principal es fortalecer el sistema de salud y asistencia social, incluye disposiciones que promueven la rehabilitación y reinserción social de consumidores, en lugar de su criminalización.

La antigua tabla de consumo resurge bajo la denominación de 'parámetros referenciales', los cuales servirán como guía para que jueces y fiscales puedan distinguir entre consumidores y microtraficantes. Será responsabilidad del Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura definir los criterios que delimiten el consumo personal.

¿Cómo será la relación entre policías y consumidores?

Una de las disposiciones más relevantes es la reforma al artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece nuevos parámetros para diferenciar entre el consumo personal y el tráfico de sustancias estupefacientes.

A partir de ahora, será una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura la que definirá y actualizará los criterios para determinar si una persona porta drogas para su consumo o con fines ilícitos.

Aunque la ley no especifica quiénes representarán a la Fiscalía y la Judicatura en esta mesa técnica, el objetivo es claro: evitar que los consumidores sean tratados como traficantes, una confusión que ha llevado a miles de personas a enfrentar procesos penales injustos en el pasado.

¿Qué cambia con la nueva ley sobre drogas?

• No se presumirá el consumo en ningún caso: los jueces y fiscales deberán solicitar pericias toxicológicas y psicológicas para identificar si se trata de una persona con adicción.
• El tráfico de drogas sigue siendo penado severamente, con penas de entre 5 y 13 años de prisión.
• El Estado deberá crear programas de atención y rehabilitación para personas con consumo problemático.

Durante el segundo debate legislativo, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, subrayó que esta reforma no erradicará de inmediato el crimen organizado, pero sí representa un avance firme en la lucha contra el narcotráfico. “Este es un mensaje claro de respaldo a nuestras fuerzas del orden y a la justicia, a la que llamamos a alinearse en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, afirmó.

Sin embargo, no todos los sectores están convencidos. Expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas.

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La implementación de esta reforma marcará un nuevo capítulo en la política de drogas del país, con la promesa de un enfoque más humano, técnico y justo.

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