¿Qué cambios hay respecto a la tabla de consumo de drogas en Ecuador este 2025?

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 7 de junio la primera ley urgente enviada por el Ejecutivo en el actual periodo legislativo: la Ley de Solidaridad Nacional. La iniciativa obtuvo 84 votos a favor, con respaldo del bloque oficialista, y ahora espera la ratificación o veto del presidente de la República.

¿Qué cambia con la nueva ley sobre drogas?

Uno de los temas más sensibles que aborda la ley es el tratamiento legal del consumo y tráfico de drogas en Ecuador. Aunque el proyecto original no incluía este aspecto, los legisladores incorporaron disposiciones clave que modifican la forma en que se diferencian los consumidores de los traficantes.

Entre los principales cambios destacan:

• Se eliminan los gramajes legales que antes permitían distinguir consumo de tráfico. Ya no se usará la tabla de cantidades que fue derogada en 2023.
• Ahora, serán el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura quienes definan los nuevos parámetros técnicos y legales para determinar el tipo de delito.
• No se presumirá el consumo en ningún caso: los jueces y fiscales deberán solicitar pericias toxicológicas y psicológicas para identificar si se trata de una persona con adicción.
• El tráfico de drogas sigue siendo penado severamente, con penas de entre 5 y 13 años de prisión.
• El Estado deberá crear programas de atención y rehabilitación para personas con consumo problemático.

Más poder para el Ejecutivo y el sistema judicial

Aunque la ley ha sido presentada como una herramienta para enfrentar al crimen organizado, organizaciones de derechos humanos y especialistas en justicia penal han advertido que la norma otorga más discrecionalidad a fiscales y jueces, lo que podría traducirse en detenciones arbitrarias si no hay garantías suficientes.

La vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, afirmó que esta norma “fortalece la lucha contra los grupos de delincuencia organizada”, aunque evitó profundizar en los posibles impactos para personas con adicciones o consumidores ocasionales.

Contexto: inseguridad y reforma judicial

La aprobación de esta ley ocurre en un momento crítico para el país, marcado por una crisis de seguridad provocada por el auge de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. En diciembre de 2023, la Corte Nacional de Justicia había emitido parámetros para evitar que consumidores fueran procesados como traficantes, pero esos lineamientos ahora serán reemplazados.

Con esta nueva legislación, el Ejecutivo busca consolidar su agenda de seguridad y control, en medio de un debate nacional sobre derechos humanos, rehabilitación y criminalización del consumo.

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