La suerte de Víctor Anchundia está en manos del pleno

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La suerte de Víctor Anchundia está en manos del pleno

A las 14:00 del miércoles 8 de diciembre analizará  el pedido de juicio político relacionado al caso Isspol

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Control. Víctor Anchundia compareció de forma virtual a la Comisión de Fiscalización a finales de noviembre.René Fraga / Expreso

La posible censura de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, se define este miércoles 8 de diciembre de 2021.

En el pleno de la Asamblea se analizará, desde las 14:00, el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que con el voto unánime de sus nueve integrantes resolvió recomendar el enjuiciamiento político, censura y destitución de Anchundia.

Lo que motiva este proceso es el atraco de más de $ 900 millones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). A Anchundia se lo acusa de una falta de control en las operaciones financieras que permitieron que el Isspol invierta en negocios riesgosos o realice intercambio de bonos.

Para los legisladores Ricardo Vanegas y Luis Almeida, de Pachakutik y el Partido Social Cristiano, respectivamente, consideran que el funcionario incumplió el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a la Superintendencia de Compañías a ejercer “la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras”.

En el informe, la Comisión resume los testimonios de 39 personas, entre funcionarios públicos, directivos de entidades privadas y empresas, y exministros.

Una de las conclusiones de la Comisión es que la Asamblea remita la documentación de sustento a la Fiscalía General del Estado y a la Unidad de Análisis Financiera. Además, se sugiere que se investigue a los funcionarios miembros de los directorios del Isspol. SO

  • Anchundia insiste en su diligencia

El pasado 22 de noviembre, Víctor Anchundia pidió a la Comisión de Fiscalización que archive el pedido de juicio político. Su argumento es que es el único funcionario que inició controles a las empresas vinculadas al caso Isspol. “He demostrado que, apenas tuve conocimiento de lo ocurrido con el Isspol, actué decididamente para controlar, sancionar, intervenir y denunciar. Pareciera que el precio de haber cumplido con mis funciones es la persecución y la deshonra gratuita en mi contra, por parte de varios actores políticos y de las élites económicas”.

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