Estarían apuntando al objetivo equivocado. La exministra de Gobierno María Paula compareció ayer, de forma virtual, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dentro del juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia.

Los interpelantes Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC), y Ricardo Vanegas, de Pachakutik, buscan la censura y destitución del funcionario por supuesto nulo control sobre el mercado de valores en los últimos años, que derivó en el millonario desfalco de más de 900 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Romo desde Meryland, Estados Unidos, dijo estar preocupada de que “aún con las grandes omisiones” que pudo haber cometido, se esté llevando a juicio político al único superintendente de Compañías que en los últimos años tomó alguna medida para que se desvele la trama del caso Isspol.

Y fue más allá. También, considera errado iniciar un proceso de fiscalización en contra de la superintendenta de Bancos Ruth Arregui, por este caso, ya que fue la que autorizó la auditoría y avaló los informes que dieron las primeras pistas del perjuicio a la seguridad social de los uniformados.

Lo dijo luego de presentar ante Fiscalización una línea de tiempo con las fechas relevantes en las que se produjeron transacciones irregulares y las autoridades que estaban en funciones entonces.

Según Romo, las primeras irregularidades se habrían iniciado en noviembre de 2010 y en 2011 con la conformación de una Delegación de Inversiones se completó el inicio de la trama. La primera operación se concretó en 2014 y un año después se hizo la más grande por $ 327 millones.

En ese tramo, según el cuadro de la exfuncionaria, fue ministro de Gobierno José Serrano; superintendenta de Compañías Suad Manssur; y de Bancos Pedro Solines.

Ya para 2016, la Asamblea de la época aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía que, según Romo, tenía el claro objetivo de borrar, por dos vías, el atraco: por un lado condenaba al Isspol a desaparecer, en varios años, hasta que se haga cargo de su portafolio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, por otro, se disponía que mientras eso suceda, si la seguridad social policial requería liquidez, esta debía ser proporcionada por el Gobierno del presupuesto estatal.

Ante la pregunta del legislador Bruno Segovia de quién estuvo detrás de todo esto, la exministra señaló que “hubo un poder político que estuvo representado en el Gobierno de Rafael Correa. Ahí se designaron funcionarios y se impulsaron reformas legales”, señaló.

Tanto Vanegas como Almeida negaron que se trate de usar como “chivo expiatorio” a Anchundia en este caso y ratificaron que, con las versiones recogidas en la comisión, se va configurando que el superintendente también cometió omisiones.

Por su parte, el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que no hay que adelantar criterios sobre el futuro que correrá el superintendente en la Asamblea, pero sí aseguró que de estas comparecencias saldrá un amplio informe que incluirá los nombres de todos los involucrados.

Sucre, igual modus operandi

Romo también usó la comparecencia para augurar éxitos a la Comisión de Fiscalización en la investigación sobre la relación de Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, con el Ecuador.

Dijo que en el camino se darán cuenta de que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) tuvo un modus operandi similar al usado para perjudicar los fondos del Isspol sobre todo por la colusión de varias instancias del Estado.