Seis días después del colgamiento de dos cuerpos en la entrada de Durán se registró un macabra decapitación con un artefacto explosivo en un barrio del noroeste de Guayaquil. Hechos que nunca antes se habían reportado en el país y que a decir de especialistas de seguridad extranjeros, está lejos de terminar si es que las autoridades siguen al ritmo que van.

Coincidencia o no, los dos hechos no fueron grabados por  cámaras de seguridad. Una situación contradictoria pues el 18 de octubre de 2021, en la mesa de seguridad entre la Gobernación del Guayas y la Alcaldía de Guayaquil se decidió integrar el sistema de vigilancia de los centros comerciales y el municipal al del ECU-911.

Diario EXPRESO solicitó al gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, una respuesta sobre el tema, también de las acciones contra el recrudecimiento de la violencia,    y del “otro tipo de intervención” que se anunció la semana anterior que se iba a implementar para contener los delitos y hasta el cierre de esta edición no dio respuesta al requerimiento solicitado.

No obstante, compartió un audiovisual donde justificó su accionar y culpó al sistema Judicial y Legislativo del país. “Aquí lo importante es saber qué está haciendo la Asamblea porque tenemos legislación prodelincuente”, enfatizó.

Sin embargo, el ejecutar operativos de revisiones por parte de la Policía Nacional y militares no es suficiente para Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad de México; él enfatiza que los controles en Ecuador son nulos frente al recrudecimiento de violencia porque no está acompañado de unas estrategias técnicas debido al desconocimiento de la realidad.

“El problema le está explotando en las manos y lo que hacen es un control de daños con el despliegue de uniformados sin una estrategia definida. La distribución de grupos especiales es el último eslabón, no puede ser el primero. Debe determinarse realmente cuál es la organización que afecta a la seguridad y después viene el operativo, no al revés como lo que ya estamos observando, esto ya lo vimos en México”.

Celaya Gamboa insta a un “sinceramiento de información” en el que se identifique los sectores con sus problemas particulares    para el diseño de planes efectivos “no generalizados, sino por zonas específicas y con temporalidad bien delimitada” para verdaderamente contener el delito y así evitar las “limitaciones jurídicas al establecer declaratorias de emergencia para una ciudad, provincia o región.

En lo referente a las cámaras de seguridad, Rafael Padilla, experto colombiano en vigilancia tecnológica, identifica que la principal falencia en el país es que se cuenta con sistemas incompletos de grabación. Además, de los aparatos con movilidad de 360 grados se debe contar con otra cámara fija para la grabación del detalle con los acercamientos respectivos.

“La función de vigilancia es para las cámaras fijas, detectar lo anormal; las móviles son para el seguimiento y el acercamiento luego de la alerta, sino hay eso, va  a repetirse lo del puente de Durán que justo en ese momento estaba apuntando para otro lado, por eso es un complemento clave”.

Padilla recomienda que para evitar esos errores en el diseño del plan de vigilancia, lo que se debe    hacer inmediatamente es utilizar cámaras con tecnología 4G y 5G que generan un costo mucho menor que establecer toda una infraestructura como la existente, así dar cobertura a    los sitios sin observación. En Bogotá se implementó en 2021.

“Todavía están en una etapa temprana para afrontar la violencia contundentemente, si no Ecuador se verá reflejado en el espejo de México y Colombia”, reflexionó Celaya Gamboa.

• Comprobación

Auditoría a las cámaras de seguridad

John Garaycoa, analista en temas de protección ciudadana, duda del óptimo funcionamiento de la videovigilancia, sostiene que al menos el 50 % están dañadas. “Recordemos que fueron adquiridas hace más de 10 años y ya cumplen con su vida útil por más mantenimiento que se le dé. Hay que tener en cuenta que en acciones de presupuesto es muy poco probable que se le haya dado la asistencia que se merecen por tomar otras justas prioridades”. En todo caso, exige que se realice una auditoría imparcial para que se conozca de la realidad del estado de los aparatos para también tener un diagnóstico real de lo que sucede en las calles del país.