El día de su posesión como presidente, Daniel Noboa delineó de forma general su estrategia para que la Asamblea tramite sus dos primeros proyectos económicos urgentes (temas tributario y energético, sin precisar el enfoque): decretar el estado de excepción, como la llave que abre la posibilidad de que el Legislativo pueda tratar dos propuestas de ese tipo en un mismo mes y así ganar tiempo.

Sin embargo, el mandatario no declaró el estado de excepción ni envió dos proyectos.

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Gonzalo Armas, especialista en Técnica Legislativa, cree que el Gobierno concluyó que seguir esa ruta sería arriesgado por la posibilidad de que la Corte Constitucional declare inconstitucional el decreto de estado de excepción.

“Por más mayoría que usted tenga en la Asamblea, cuando usted tiene un argumento de orden constitucional, eso haría que la gente se niegue a tratar el proyecto y que haya una moción de archivo, hipotéticamente hablando”, explica Armas.

La propuesta de reforma tributaria ha generado comentarios diversos, cuyo objetivo de recaudación se sitúa en $ 832 millones, en el ejercicio fiscal 2024, según el documento.

Actores que integran sectores de la producción, consultados por Diario EXPRESO, esperaban que el Gobierno tratara con la misma prioridad otros temas: el combate a la inseguridad, por la delincuencia común y el crimen organizado, y la crisis energética, ya sea con iniciativas legislativas, decretos o decisiones directas a instituciones, por ejemplo. Con ello, el tratamiento de ese tipo de proyectos será de uno por mes.

Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), opina que es consciente de la complicada situación económica del Estado, por el tema de los recursos que son necesarios para comprar equipos y cubrir gastos, pero, agrega, que la situación de inseguridad en toda la cadena de producción es insostenible.

“Todos los días sufrimos robos, secuestros, vacunas en las diferentes zonas productivas en contra de productores, los mismos empleados de las plantaciones de banano, los proveedores de productos y servicios, como los plásticos y los insumos agrícolas. Nuestro personal de las exportadoras se ve afectado”, cuenta el directivo, quien enfatiza que las acciones del Gobierno deben ser inmediatas.

Más allá de esos delitos, Salazar también apunta a otra plaga, aquella que las autoridades conocen, pero que sigue sin ser controlada.

“Todas las semanas nos contaminan las cargas de banano (con droga). Y hay que entender por qué. Porque el 65 % del movimiento portuario y naviero de exportación lo genera el banano. Nosotros movemos más de 6.500 contenedores semanales a más de 70 países en el mundo”, agregó.

Él plantea más controles policiales y militares, de forma permanente, en las principales rutas productivas, por ejemplo, desde Santo Domingo hasta Guayaquil o desde Machala hasta Guayaquil.

Volviendo a materia legislativa, Noboa, con su bancada y tiendas políticas afines, ya sea por acuerdos o coincidencias de convicciones, podría impulsar leyes que precisamente potencien el trabajo conjunto entre militares y policías.

En la Asamblea está pendiente de trámite, por ejemplo, el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de entidad de Seguridad Ciudadana y Orden Público, con el que se daría mayor participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad.

“Una ley podría aprobarse entre 45 y 60 días, si existe la voluntad política (en casos ordinarios), con la celeridad que la ciudadanía y la situación del país demanda”, explica Pablo Santillán a este Diario, experto en Técnica Legislativa.

Otro tema que parecería que habría quedado relegado de las decisiones más recientes de Noboa es la crisis energética. Su ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, dijo que “no hay una fecha” para el fin de los cortes de energía.

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No es bien recibida esa respuesta entre los camaroneros, porque se suma al incremento de los costos de producción tras la eliminación del subsidio de la tarifa eléctrica para el sector de la producción.

“Usar generadores de energía es un costo adicional y no estamos en condiciones. Nosotros usamos aireadores para oxigenar el agua para que vivan los camarones, las bombas para llenar las piscinas, etc.”, cuestiona Segundo Calderón, productor de El Oro, quien exige al nuevo Gobierno que reclute a autoridades que conozcan del campo.

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