En agosto de 2022 inició el censo penitenciario, que fue promocionado desde finales de 2021 como el punto de partida para poder generar una política pública carcelaria precisa y eficaz, porque no se sabía cuántos presos había en las 36 prisiones del Ecuador y su condición de vida en los pabellones.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha indicado que tras el censo penitenciario se entrevistó a 31.940 convictos, pero no ha dado más detalles del proceso emprendido.

Diario EXPRESO pidió al organismo los resultados preliminares del censo, pues cada vez y cuando se indicaba el avance de la obtención de datos, y con base en ello se requirieron las cifras con los problemas identificados en primera instancia, el número de enfermos detectados, si hay faltantes entre los sentenciados o detenidos, entre otros temas. Pero el organismo expuso en primera instancia que el pasado lunes iba a entregar la información, pero hasta el cierre de esta edición no ha contestado las comunicaciones enviadas.

En el censo participaron técnicos del Instituto de Estadística y Censos (INEC) para las entrevistas y tabulación de los datos recabados. Desde la entidad se expuso que el pasado miércoles se daría una entrevista, pero se excusó de concederla porque señaló que no son la vocería oficial y que consultemos al SNAI. Sin embargo, adelantó que “en la primera semana de enero se obtendrán los primeros resultados” de las entrevistas realizadas entre el 22 de agosto y el 10 de diciembre.

Lo propio con el Registro Civil, que también colaboró en el trabajo, y este periódico pidió los pormenores de las ayudas otorgadas durante el censo, como por ejemplo, la cedulación y demás documentación que necesitaban los entrevistados. Pero señaló que se remitió el encargo al área técnica y en cuanto esté listo se dará la información correspondiente.

El censo tuvo que ser detenido en dos ocasiones: la primera, en la masacre dada en el complejo carcelario de Cotopaxi el último 3 de octubre, y la segunda, justo cuando se intentó reanudar las jornadas el 5 de octubre, cuando estalló otra masacre en el complejo Guayaquil y no fue hasta casi finales de noviembre que se retomaron las acciones del censo.

No obstante, desde el 23 de febrero de 2021 han fallecido 414 privados de libertad en 11 muertes violentas de grandes proporciones al interior de los penales.

Lo que se conoce hasta ahora de la población carcelaria, es el diagnóstico preliminar que se tenía en un documento elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, hoy denominado Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; el que reconoció que en ciertas prisiones no se podía entrar por la poca seguridad del sitio.

Entre los datos, se destaca que hay multiplicación de carpetas u hojas de vida de los privados de libertad, a pesar de tener una cifra muy por debajo del registro real (revisar gráfico).

Por ejemplo: hace un año, el total de encerrados era 40.108 y de estos, 37.667 eran hombres y las mujeres apenas 2.441. Y, al comparar estas cifras con la escasa información que comparte el SNAI, surge la pregunta: ¿Qué ha pasado con 8.168 convictos de diferencia?

Para el experto penalista Joan Paúl Egred, el problema no solo es del SNAI, sino de las 17 instituciones que tienen relación con el sistema carcelario nacional, y califica la falta de resultados como un “desinterés total” por la población carcelaria y la seguridad de todo un país.

“Pero sin irnos muy lejos, ¿se ha hecho justicia por la muerte de tantos privados de libertad en las masacres? Ni siquiera hay explicaciones de lo que ocurrió, no hay cumplimiento a lo prometido hace un año y ahora otro reflejo es la votación sobre las reformas de seguridad del último domingo, en el que faltó la mayoría de los legisladores, este tipo de comportamientos repercuten en la seguridad”, cuestionó Egred.