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Las resoluciones del Consejo de la Judicatura siguen acumulando malestares

Abogados opinan que el ente está cerca de la debacle. El expediente electrónico inexistente y la restricción de links de las audiencias se cuestionan 

WILMAN TERÁN
Recorridos. En sus redes sociales, la Judicatura socializa las visitas a provincias que hace Wilman Terán.CORTESÍA

El giro que ha tomado el Consejo de la Judicatura por sus decisiones ha provocado rechazo y malestar en abogados y jueces.

Dicen que es falsa la vigencia del expediente electrónico y rechazan la prohibición de “compartir o socializar los links generados en la plataforma Zoom hacia el público por motivos de seguridad”.

Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, cree que “una institución que debería estar enfocada en sacar adelante la débil administración de justicia y trabajar con seriedad para mejorar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en el sector provoca retrocesos significativos o dedica su tiempo en promover la imagen personal de su principal (Wilman Terán)”.

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Como usuario del sistema Satje y ahora Expel, al jurista Nicolás Salas le parece una burla a los ciudadanos y a quienes hacen parte de él, “el decir que hay un expediente digital en el Ecuador cuando realmente este no existe y todos sabemos que no existe”.

Responde así al anuncio de la Judicatura del 7 de mayo en el que señaló, “hemos culminado con éxito el Expediente Electrónico Judicial ¡La modernización del sistema de búsqueda de procesos judiciales en línea es un hecho! Por una administración de justicia eficaz, íntegra y oportuna”, señaló el Consejo en su cuenta de Twitter.

Para Alarcón, los retrocesos son evidentes y contrarios a la Justicia Abierta que la Judicatura afirma promover. “El expediente electrónico no cumple con los estándares mínimos establecidos para el tema y no ha tenido en cuenta el criterio de quienes hacen uso de él”, dice.

Mientras que para Salas las pocas ventajas que tenía el Satje fueron eliminadas con el Expel. Su conclusión es que “en el Ecuador no existe el expediente digital y está mal que se nos haya dicho algo parecido”.

En redes sociales se han presentado reparos a la actuación de Wilman Terán, quien ha aparecido en reuniones en espacios deportivos y otros lugares de concentración de personas en sus recorridos por el país.

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El abogado Felipe Rodríguez menciona que lo que nadie se da cuenta es que quien preside el Consejo debe ser un administrador de empresas, no un abogado. Añade que la función del Consejo de la Judicatura es financiera-administrativa, no política.

Pablo Encalada opina que el Consejo va de mal en peor. Y para él, con el actual presidente se ha agudizado la crisis de la justicia. “Con las últimas resoluciones se afecta gravemente a la publicidad, la cual es una garantía, un derecho humano. Y con la otra pone en riesgo la estabilidad de los jueces y por tanto la independencia judicial”, manifiesta.

Se refiere a las restricciones a la publicidad de las audiencias telemáticas que han sido denunciadas incluso por jueces que, de manera personal, han estado impulsando la justicia abierta como formas de restringir el involucramiento de la ciudadanía en este tipo de procesos.

Uno de ellos es el juez de Pichincha Telmo Molina. Él era uno de los que difundía en redes sociales su agenda de audiencias e invitaba a los ciudadanos a que se conecten y sigan las diligencias telemáticas.

El miércoles 7 de junio remitió un oficio a los vocales del organismo. Expuso cifras de la confianza que tiene la población en la justicia, lo que para él evidencia la necesidad de una transformación y una de las estrategias para ello y que ya se dispone en la Ley de Transformación Digital es la transmisión pública de las audiencias judiciales. Su comentario responde a la prohibición de compartir o socializar los links de Zoom.

Fernando Yávar, exvocal del Consejo, opina que antes en el Satje se podía bajar la información del Satje en formato PDF para presentar como prueba en los procesos, pero ahora eso ya no se puede hacer. Reconoce que no es expediente electrónico. Sobre la prohibición de compartir los links de Zoom cree que se está imponiendo limitaciones innecesarias.

Concluye que antes de emitir la directriz debió socializarse el tema. EXPRESO solicitó información del tema a la Judicatura, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.