Se renueva el estado de excepción focalizado y se mantiene el toque de queda

El Objetivo una vez m치s es "hacer frente al crimen organizado". Y para ello firm칩 el Decreto Ejecutivo 377. En las 칰ltimas horas de este 칰ltimo viernes 30 de agosto lo hizo y expuso que son 19 cantones los que estar치n bajo el determinado r칠gimen.

La orden fue inicialmente adoptada el 2 de julio, cuando Noboa declar칩 el estado de excepci칩n en las provincias de Guayas, Los R칤os, Manab칤, Orellana, Santa Elena, El Oro, y en el cant칩n Camilo Ponce Enr칤quez, en la provincia de Azuay.

El 8 de agosto, el presidente orden칩 la prohibici칩n de circulaci칩n desde las 22:00 hasta las 05:00 en varios cantones, incluidos Dur치n, Balao, Tenguel (Guayas), La Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto (Orellana), Camilo Ponce Enr칤quez y toda la provincia de Los R칤os.

El toque de queda incluye excepciones para ciertos sectores. Trabajadores de la salud, seguridad, sectores estrat칠gicos, medios de comunicaci칩n, la Funci칩n Judicial y otras instituciones p칰blicas pueden circular durante el horario restringido. Asimismo, las personas que tengan vuelos programados o que necesiten trasladarse a un aeropuerto durante la noche o madrugada podr치n circular, siempre y cuando justifiquen su movimiento.

Desde inicios de a침o, Noboa ha calificado la lucha contra el crimen organizado con una categor칤a de conflicto armado interno. Esto permiti칩 clasificar a las bandas delincuenciales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, adem치s de decretar un estado de excepci칩n que incluye, entre otras medidas, la militarizaci칩n de las c치rceles.

Seg칰n el Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han disminuido un 17 % en 2024 en comparaci칩n con el a침o anterior. Sin embargo, los episodios de violencia criminal contin칰an, y se siguen reportando casos de secuestros y extorsiones.

Ecuador se ha convertido en el país con la tasa más alta de homicidios per capita en Latinoamérica, alcanzando 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, una cifra que es ocho veces mayor que la de 2016. Este aumento en la violencia es atribuido principalmente al auge de los grupos criminales dedicados al narcotráfico, aunque también se han expandido hacia la minería ilegal.

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