La reconstruccion suma recursos de tres fuentes

El efecto continúa. La reconstrucción del terremoto del 16 de abril sigue pasándole factura a los ecuatorianos. El presidente saliente Rafael Correa anunció, el miércoles, la obtención de un nuevo préstamo de China por 1.000 millones de dólares para obras en Manabí y Esmeraldas.

El endeudamiento llama la atención porque contradice los cálculos de costos que hizo el mismo Gobierno el año pasado.

Correa dijo, en su primer recorrido por la zona afectada, que las obras de reconstrucción costarían unos 3.000 millones de dólares. Lo dijo sin estudios previos y con un cálculo “a ojo de buen cubero”.

Semanas después, la proyección presidencial se concretó en un estudio presentado por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). Su titular, Sandra Naranjo, anunció que el costo del terremoto de 7,8 grados sería de unos 3.344 millones de dólares. De ese monto, explicó con videos y diapositivas, 2.253 millones -67 %- serían asumidos por el sector público y 1.091 millones de dólares saldrían de manos privadas.

¿Cuánto obtuvo el sector público para cumplir su parte? A la fecha, el incremento de impuestos, la entrega de días de sueldo de toda la población y los préstamos de organismos multilaterales generan 2.349,6 millones de dólares. Es decir, 96,6 millones más que lo que se necesitaba según los cálculos del equipo de Naranjo.

A ese monto hay que sumarle, como explicó Correa, 1.000 millones adicionales del préstamo de China. No se explicó a dónde irán esos recursos si lo estimado ya se sobrepasó. Lo que sí se dijo es que el crédito se pagará a 20 años plazo con una tasa de interés del 2 %. En los próximos días, personal del Ministerio de Finanzas viajará al país oriental para firmar los papeles que permitan el desembolso.

No serán los únicos recursos que lleguen en estas semanas. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la proyección de lo generado por la ley solidaria (que incrementó temporalmente impuestos) superará los 1.400 millones de dólares. La elevación del IVA del 12 % al 14 %, por ejemplo, estará en vigencia hasta junio de este año.

Por ese impuesto, muestra el SRI en su página web, se recaudaron 555,4 millones de dólares hasta el 16 de marzo. Es el impuesto modificado por la ley de solidaridad que más dinero generó para la emergencia. Entre los más altos está el cobro adicional a las utilidades (361,2 millones de dólares) y el cobro extra al patrimonio (205,4 millones de dólares). Por donación de sueldo, en cambio, se cobraron 64,6 millones.

Para la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) hay un problema de planificación. ¿Para qué se necesitarán, se preguntan sus integrantes, 1.000 millones adicionales?

El organismo privado teme que el Gobierno de la autodenominada revolución ciudadana utilice los 1.000 millones de China para “llegar hasta el 24 de mayo con el falaz discurso de que deja una economía estable y en crecimiento”.

Otro temor es que los recursos tengan otros destinos. En julio de 2016, el Ministerio de Finanzas utilizó 120 millones de lo recaudado por la ley solidaria para pagar a proveedores del Estado. El Gobierno justificó el egreso explicando que se pagó a proveedores de Esmeraldas y Manabí.