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Una puerta a medio abrir para exjueces que fueron removidos hace 18 meses

Sala Penal de Pichincha tiene ocho días para pronunciarse en un recurso por evaluación en la Corte Nacional. La Judicatura recusa dos veces a juez

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Referencial. La demanda de recusación fue presentada por Pedro Crespo (d), quien ya no es parte del CJ.Archivo

En vilo, así está el Consejo de la Judicatura (CJ) con respecto a la decisión que deberá tomar un tribunal Penal en una impugnación al proceso de evaluación que, el 15 de noviembre de 2019, generó la remoción de 19 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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La próxima semana, tres jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha deberán emitir su pronunciamiento o sentencia, en un recurso de apelación que presentaron los exmagistrados al fallo que -en primera instancia- les negó una acción de protección.

Mediante un comunicado, la Judicatura emitió una “alerta” a la ciudadanía al enfatizar que “de revertirse el fallo judicial de primera instancia (...) se generarían graves problemas en el servicio de justicia, pues afectaría el resultado del proceso de evaluación a las y los jueces y conjueces de la CNJ que se realizó en 2019”. De ser favorable, los demandantes retomarían sus cargos, hoy ocupados por jueces y conjueces que ganaron un concurso.

Y, en un intento por evitar esa situación, el CJ ha presentado dos demandas de recusación. La primera, el pasado 15 de marzo en contra de los jueces Fabián Fabara Gallardo (ponente), Diana Fernández León y Miguel Ángel Narváez Carvajal, por un presunto retardo injustificado en la emisión de la sentencia del recurso de apelación a la acción de protección.

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Según el CJ, los magistrados se han demorado (a esa fecha) más de ocho meses en resolver la impugnación. La recusación recayó en la misma Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha, donde -el 18 de mayo- otros jueces desecharon la demanda de recusación que presentó Pedro Crespo, quien en ese entonces se desempeñaba como director general de la Judicatura. No obstante de eso, los magistrados dieron un plazo de ocho días para que los demandados dicten la decisión judicial del recurso de apelación.

El CJ manifestó que no se consideró el evidente retardo en la administración de justicia frente a una acción constitucional. Con ese resultado, el 19 de mayo, la Judicatura presentó una segunda demanda de recusación, pero esta vez solo contra el juez ponente Fabián Fabara, “quien presuntamente habría adelantado su criterio sobre esta causa”.

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Concurso. Tras la remoción, la Judicatura llevó adelante un concurso para llenar las vacantes que quedaron en la Corte Nacional de Justicia.Archivo

En la primera demanda, Fabara rechazó la acción, señalando que con ella “más bien denota una posible intromisión del Consejo de la Judicatura, en la independencia interna y externa de la Función Judicial (...) al generar con esta demanda una suerte de coacción moral en la decisión de la causa, en razón de que el CNJ es parte procesal como legitimado pasivo y se busca a través de una inexistente figura de un retardo en el despacho, someterlos eventualmente a una infracción disciplinaria, lo cual vulnera de manera abierta su independencia (...)”.

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El próximo 26 de mayo, se cumplirían los ocho días que tiene Fabara para pronunciarse en la impugnación que presentaron los 19 jueces y conjueces. Esto, contra la negativa de una jueza de Tumbaco que no dio paso a la acción de protección que interpusieron luego del proceso de evaluación que llevó adelante el CJ en la Corte Nacional de Justicia, entre marzo y noviembre de 2019.

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Demanda. La segunda recusación provocaría que el juez ponente sea reemplazado por otro judicial.

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Una acción por retardo injustificado

En su exposición, el abogado David Cordero, patrocinador de los exjueces, señaló en contexto que lo que se está discutiendo en el fondo es la independencia judicial. En su criterio, los jueces recusados “ven el riesgo a su independencia judicial (...) ahora (la Judicatura) les va a perseguir por estos retardos injustificados, que son directamente consecuencia de la falta de acción del Consejo de la Judicatura”.

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La acción de protección fue presentada por los exjueces y exconjueces: Roger Cusme, Marco Maldonado, Rosa Suárez, María Espinoza, María Merchán, Édgar Flores, Julieta Soledispa, Luis Cando, Román Terán, Luis Enríquez, Juan Montero, Pablo Tinajero, Sylvia Sánchez, Miguel Jurado, Cynthia Guerrero, Ana Crespo, María Delgado, Richard Villagómez, Rómulo Velasteguí y María Cueva Guzmán.

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