A dos años de ser investigado por un presunto delito de enriquecimiento ilícito, el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur Albuja, queda fuera de la Función Judicial. El sesión ordinaria del 20 de abril de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió destituir al exfuncionario y a otros cinco servidores judiciales del país, por presuntos actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Según un comunicado publicado por la Judicatura, Manzur, quien se desempeñó como juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Justicia del Guayas, incurrió en la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), por “abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o por más de cinco no consecutivos injustificados en un mismo mes”.

Igual ocurrió con un psicólogo clínico de la Unidad Judicial Multicompetente Penal y de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, del cantón Lago Agrio- Sucumbíos; y, un secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Jama-Manabí.

Mientras tanto, un mediador coordinador de la Oficina de Mediación de la Función Judicial de Pedernales-Manabí; y, una secretaria del Juzgado Quinto de lo Civil de Manabí, fueron removidos del cargo por “retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la Función Judicial o de terceros que se encuentran en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado”. Finalmente, un oficial mayor de la Corte Provincial de Justicia de Cañar fue destituido al haber “tomado interés” a través de su cónyuge, dentro un remate judicial de un bien inmueble.

A decir de la Judicatura, las resoluciones se adoptaron sobre la base de sus ejes de gestión: Lucha contra la corrupción e independencia judicial interna y externa y en cumplimiento del objetivo de garantizar la eficiencia, transparencia y ética en la provisión del servicio de justicia.

Gabriel Manzur estuvo al frente de la Presidencia de la Corte del Guayas, por el periodo 2018-2020. En noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado hizo público la investigación en su contra. El pasado 22 de enero de 2021, fue llamado a juicio como autor del presunto delito de enriquecimiento ilícito, junto con Silvana Valladares, como cómplice.

La Fiscalía informó en ese entonces que el proceso se basó en el registro de un incremento no justificado en su patrimonio, entre los años 2010 y 2019, que asciende a 532.741,99 dólares.

Entre los elementos de convicción presentados se incluyeron: un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), "que da cuenta de una serie de movimientos inusuales en cuentas bancarias y adquisición de bienes inmuebles por parte del expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y de la extinción, en corto tiempo, de dos créditos hipotecarios con los que se canceló la compra de dos inmuebles; que hace presumir un enriquecimiento ilícito. Todo esto con la ayuda de Silvana (Valladares), quien se desempeñaba como asistente. Ambos procesados registran un incremento no justificado en su patrimonio en el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre los años 2010 y 2019. Los dos no han podido ser ubicados por las autoridades.