Borrón y cuenta nueva. A tres años de la convocatoria del concurso de mérito y oposición para la designación de fiscales provinciales en 23 provincias del país, se anuló por completo.

Así, el Consejo de la Judicatura (CJ) declaró insanable dicho concurso, además de otro que buscaba acceder a uno de los cupos de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial para la carrera fiscal a nivel nacional.

Una nulidad que dejaría en funciones prorrogadas a fiscales provinciales o alargaría la permanencia de los encargados en esos puestos, algunos desde hace tres años; y no se sabe hasta cuándo sigan en esa situación. EXPRESO solicitó a la Judicatura una respuesta respecto a estos encargos y para cuándo se prevé una nueva convocatoria y si existe el presupuesto para la ejecución de ese evento. Hasta el cierre de esta edición no había llegado respuesta a la solicitud.

El concurso fue convocado en febrero de 2018, durante la administración de Gustavo Jalkh como presidente de la Judicatura. Uno de los requisitos principales para participar era que los postulantes sean de la categoría 3 de la Fiscalía. En ese entonces existían 74 agentes fiscales aptos para acceder al concurso.

Según la base que está colgada en la página web de la Función Judicial, 56 agentes de tercer nivel superaron la revisión de requisitos generales después de la reconsideración. Otros 48 no pasaron esa fase.

“Ya hasta me había olvidado de ese concurso”, dice entre bromas uno de los funcionarios que participaron en ese entonces y quien pidió la reserva de su identidad.

Según considera, con la baja del concurso lo que más se ha perdido es tiempo. “Lo que hicimos fue presentar la carpeta, dimos una prueba escrita, el traslado a la capital por el examen escrito (...) Lo que sí tengo claro es que pasó un tiempo considerable y como que ya se perdió el hilo de ese concurso”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha esperado desde entonces la incorporación de ese personal, ante el déficit que tiene (leer subnota) de su talento humano, más aún con los casos de corrupción que saltaron a la luz a raíz de la pandemia de COVID-19, y que llevó a la entidad a crear una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, liderada por la fiscal general Diana Salazar, “con el objetivo de garantizar la objetividad en las investigaciones, unificar procedimientos investigativos por estos tipos penales; sobre todo, evitar la impunidad y blindar los procesos de presiones, quizá, políticas o conflictos de intereses que se puedan generar en las provincias”, dijo el 1 de junio de 2020, cuando anunció la Unidad.

Una de las causas que llevó al Pleno de la Judicatura a anular el concurso, y que consta en la Resolución 049-2021, se fundamenta en un memorando remitido el 19 de febrero de 2020 por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la entidad, que contiene el informe técnico respecto del sistema informático que ha venido siendo utilizado en los concursos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social de la Función Judicial.

El documento concluye que “dentro de la problemática a nivel de funcionalidades se puede evidenciar que la plataforma Sisperfuj no cuenta con: administración de usuarios, administración de roles y permisos, configuración de concursos, auditorías, reportes y otras adicionales, que actualmente son manejadas y realizadas a través de base de datos; como consecuencia de esto se abre un brecha de seguridad observable y se responsabiliza por acciones a áreas netamente técnicas”.

Una situación que, añade el informe, ya fue observada por la Contraloría General del Estado y “en el caso de continuar haciéndolo será observada nuevamente”. Se hace énfasis que “al no existir documentación que respalde el funcionamiento del aplicativo, no se puede asegurar un control de calidad óptimo, teniendo así el riesgo de tener errores en la plataforma cuando se la use”.

La Judicatura ha dado treinta días como plazo a la Dirección Nacional de Talento Humano de la entidad, en coordinación con las áreas técnicas respectivas, para elaborar un nuevo reglamento general que regule los concursos de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social para el ingreso a la Función Judicial del Ecuador.

Un reglamento del que no se sabe todavía cuáles serán los parámetros para la selección y si incluirá nuevamente, entre los requisitos para ser fiscal provincial, estar en categoría 3. Un nivel que, según recordó un fiscal provincial actualmente encargado de una provincia, también les implicó participar en otro concurso.

En detalle

El encargo

Se necesitan 570 fiscales

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado manifestó que se necesitan al menos 570 agentes fiscales y sus respectivos equipos para poder brindar de manea óptima sus servicios. Esto, sin contar con las partidas vacantes por renuncia, jubilación, destitución, cesación y fallecimientos durante la pandemia, que tampoco cuentan con reemplazos.

Ante esa situación, la Fiscalía solicitó públicamente al CJ vincular de forma temporal a servidores de la carrera de categoría 1, para así evitar el déficit que tiene la institución.