Arbitraje internacional por contratos eléctricos: Celec y Progen enfrentados

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha evitado referirse a las discrepancias con la estadounidense Progen Industries LLC. El martes 17 de junio del 2025, en un canal de televisión, manifestó: “No puedo hablar mucho porque hay un arbitraje de emergencia”. Añadió que no saben por qué “se ha demorado tanto en entregar aquello a lo que se comprometió el año pasado”.

En agosto del 2024, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Progen firmaron contratos por 149,1 millones de dólares. En noviembre de ese año debían instalar plantas de generación eléctrica. Eran 150 megavatios para las centrales Quevedo (en Los Ríos) y Salitral (en Guayas). Se trató de contratos de emergencia, para enfrentar apagones que a finales del año pasado se extendieron hasta 14 horas diarias en algunas ciudades.

Al no haber recibido lo prometido, Celec EP dio por terminados los contratos de forma unilateral, el 28 de mayo y el 3 de junio del 2025, respectivamente.

Por su parte, la empresa estadounidense hizo uso de una cláusula y pidió un arbitraje de emergencia, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Busca que le permitan finalizar los trabajos hasta septiembre y asegura que ninguna otra empresa podría hacerlo.

Progen pidió arbitraje por contratos de emergencia en Ecuador

El abogado Álvaro Ramírez Durini, experto en este campo, recordó que Progen acudió a esa instancia tomando en cuenta que pactó un convenio de arbitraje antes del surgimiento de la controversia. Esto como parte de una cláusula en los contratos. Así lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación.

Al amparo de esta ley, Ramírez dice que cada una de las partes escoge a un árbitro. El Centro elige al tercero (que preside el tribunal) y a un alterno.

¿Qué valor tiene el fallo del tribunal en un proceso de arbitraje?

“Los árbitros actúan como jueces. Su sentencia debe ser cumplida por las partes. Tienen la potestad de determinar medidas cautelares, para garantizar que no se dañen bienes; o retención de fondos, para que no se produzcan mayores daños y perjuicios”, precisa Ramírez.

Como en los procesos judiciales, en uno de arbitraje se presenta la demanda; luego vienen la citación, contestación, término de pruebas y una o tres audiencias.  Además se piden peritajes.

Según la ley, una vez practicada la audiencia de sustanciación y declarada la competencia, el tribunal tiene 150 días para expedir el laudo (fallo), explica.

Antes de declarar contratista incumplido a Progen o a otras empresas, ¿qué pasos se cumplen?

Otro experto en arbitraje, el abogado Luis Alberto Andrade, explica que en Ecuador la contratación pública está reglada por pasos que ayudan a solucionar incumplimientos. Uno de ellos es el cobro de multas. Cuando superan el 5 % del valor del contrato, el Estado puede declarar como incumplida a una empresa contratista.

Según Andrade, habrá que ver si Celec EP cometió errores en el proceso, “que terminen perjudicando al Estado. Me refiero a la aplicación de multas y sanciones, para demostrar que se actuó conforme a la ley”.

Andrade, también docente de la Universidad Andina, asegura que hay que tomar en cuenta que se trató de contratos de emergencia y que desde hace varios meses que ya no existe esa condición en el sector eléctrico. Calcula que el proceso puede tomar unos nueve meses.

¿Cómo son las multas cuando un contratista incumple?

Para evitar estos retrasos, el administrador del contrato debió tomar recaudos, dice Andrade. En contratación pública se establecen multas del dos por mil por cada día de retraso.  

“No hay información al respecto, pero parece que Progen ya excedió en mucho las multas por el 5 %. Espero que no se encuentre responsabilidad de los servidores públicos, al permitir que el incumplimiento llegue a tantos meses, sin que el Estado obtenga los bienes para cubrir la necesidad por la que firmó el contrato”. La Contraloría revisa los contratos.

Los servidores públicos no se dedican solo a administrar contratos

Sobre eso, Ramírez añade que cuando un contratista se retrasa suele bombardear al contratante con pedidos de prórroga. Y el administrador del contrato debe cumplir a cabalidad su rol, respetando lo firmado. Lamenta que en las empresas públicas de Ecuador, este servidor cumpla otras funciones administrativas. Por lo que si él no contestó a tiempo una solicitud de Progen, podría incurrir en incumplimiento.

Asimismo, Ramírez apunta que en el contrato para la instalación de megavatios en la central de Quevedo se observa que en la cláusula décima sexta se definen tres vías para la solución de controversias: acuerdo entre las partes, mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y arbitraje en derecho en el Centro de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.

“No hay evidencia y se presume que no han existido los pasos previos al arbitraje. Prendo las alarmas porque en el contrato se dice que previo al arbitraje debían ir al centro de Mediación de la Procuraduría, donde se obtiene un acta de arreglo o de imposibilidad de mediación”, sostiene Ramírez.

La ministra de Energía y Minas dijo esto:

"Vamos a asumir la parte que la empresa no ha terminado, por parte de Celec. Nuestra postura es terminar unilateralmente el contrato. Al arbitraje hay que darle espacio", dijo la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

El lunes 16 de junio del 2025, Carolina Jaramillo, portavoz de Carondelet, aseguró que “la energía que requiere Ecuador no depende de los contratos de Progen”.

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