Las manifestaciones y la crisis política en Hong Kong llevan varios meses. Los fines de semana, las personas salen a las calles para protestar contra su gobierno y contra el hecho que este se encuentra fuertemente sujetado por el régimen comunista de China. No parece haber ninguna solución a la vista. El drama político comenzó con protestas contra el intento de la presidenta de Hong Kong de presentar un proyecto de ley que iba a permitir que los ciudadanos de la ciudad sean extraditados a China continental. El temor comprensible en toda la ciudad fue que el proyecto de ley destruiría la barrera entre el Estado de derecho en Hong Kong y el gobierno del Partido Comunista de China (PCCh) al otro lado de la frontera. Un tema que había movilizado a dos millones de personas llevándolas a salir a manifestarse pacíficamente se transformó en algo mucho más complicado. Para ese entonces, otras preocupaciones habían alimentado la ansiedad pública. Los ciudadanos de Hong Kong están descontentos con los apretados niveles de vida y los altos costos de la vivienda. Además, la vigilancia cada vez más dura de las protestas provocó una respuesta a menudo violenta, que llevó a la policía a intensificar sus tácticas duras. A estas alturas, el PCCh debe comprender que a pesar de que la mayoría de las personas en Hong Kong no van tras la consecución de la independencia de esta región administrativa del continente, sí odian el tipo de comunismo brutal que llevó a muchas de ellas a huir a la ciudad de Hong Kong en calidad de refugiados. Tampoco pueden soportar una dictadura que amenace la libertad y el alto grado de autonomía que distingue a su ciudadanía de aquella de los chinos continentales. Debe ser mortificante para el régimen de Pekín darse cuenta que mientras el PCCh celebraba el 70 aniversario de su toma de control, muchos ciudadanos chinos en Hong Kong deploran lo que representa. La reacción del gobierno chino a los eventos en Hong Kong es patética y contraproducente: todo es un complot de la CIA, dicen, o tal vez una conspiración planeada por otros extranjeros. El PCCh está esperando que las manifestaciones pasen, con la esperanza de que los manifestantes se desalienten y tal vez pierdan la voluntad de resistir, a la vez que el partido envía a altos funcionarios para que instruyan a Lam para que ella no ceda en nada. Para los líderes de China, cualquier movimiento percibido como una concesión sería el primer paso en una pendiente resbaladiza. Si los líderes de China fueran tan sofisticados como afirman serlo, y si su sistema de gobierno fuera realmente capaz de ser una fuerza dominante en el siglo XXI, se comportarían de manera muy distinta. En lugar de socavar la confianza internacional con su comportamiento hacia Hong Kong, reafirmarían su intención de cumplir los compromisos asumidos por China en virtud del acuerdo de Declaración Conjunta Sino-Británica y garantizarían las libertades de Hong Kong y el alto grado de autonomía local hasta el año 2047. También le permitirían a Lam establecer una comisión de investigación para examinar los motivos de las manifestaciones, cómo dichas manifestaciones fueron manejadas por la policía, y la violencia ocasional de algunos manifestantes. Esto es menos de lo que los manifestantes ahora exigen. La creación de dicho panel cambiaría el estado de ánimo en Hong Kong. Si Lam no lo va a hacer por cuenta propia, hay razones de peso para que algunos de los ciudadanos más respetados de Hong Kong tomen la iniciativa y establezcan una comisión informal independiente.