Una institución más política que ciudadana. Sin siquiera cumplir quince días en funciones, los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya mostraron cuáles serían sus intenciones: ejercer un rol fiscalizador al Ejecutivo, más aún con la disolución de la Asamblea Nacional.

(Lea también: TCE admite recurso de organizaciones feministas que exigen paridad en las elecciones)

El ministro Juan Zapata fue el primer objetivo al convocarlo a una audiencia pública que, el día de la convocatoria, contaba con ciudadanos “preparados” con carteles y consignas en contra del funcionario. Luego fueron a “vigilar” los decretos leyes de Lasso y, ahora, van por la fiscal general, Diana Salazar.

Estas primeras acciones del nuevo Consejo, a criterio de Ana Belén Cordero, exlegisladora oficialista, muestran las verdaderas intenciones de sus integrantes, más aún en el escenario de elecciones anticipadas a raíz de la muerte cruzada.

(Lea también: Paola Pabón electa presidenta del Congope, entre altercados y desacuerdos)

“En esta coyuntura, están jugando a ser un actor político, retirándose las máscaras de no serlo como se vendieron en campaña. Recordemos que la mayoría del Consejo fue promovido por el correísmo”, sostiene.

Este Diario intentó contactarse con Alembert Vera, presidente del Consejo, y Augusto Verduga, miembro del mismo, para consultar una reacción sobre la presunta agenda paralela que llevan a cabo, pero no hubo respuesta al requerimiento.

(Lea también: El Gobierno analiza, al menos, cuatro decretos ley adicionales en materia económica)

Los tiempos y la conveniencia de estas acciones, según el jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, son lo que llaman la atención, aunque aclara que el Consejo está actuando dentro de sus competencias.

“La actitud, la coincidencia de tiempos y la simpatía política es lo que hace que (las acciones del Consejo) vayan más allá del ejercicio de sus funciones”, destaca Alarcón y señala que lo hacen con la finalidad de capitalizar más los errores de Lasso y favorecer al correísmo.

(Lea también: El CNE amplía el plazo para acreditarse como observador electoral)

En ese sentido, Juan Fernando Flores, exasambleísta oficialista y actual consejero de Gobierno del presidente Guillermo Lasso, señala que el CPCCS “responde a una estrategia de ataque sistemático a las funciones del Estado que no están bajo su control (...)”.

Además, Flores hace hincapié en que “la facultad de transparencia no puede emularse o confundirse con el rol de fiscalización que ejercía la Asamblea. Esta lógica para alinearse con una ‘ciudadanía’ sesgada es utilizar a la institución para establecer su ‘versión’”.

(Lea también: Jan Topic: "Sí existen adversarios y periodistas mercenarios")

Misma que, según continúa Cordero, responde únicamente a una agenda partidista que, en el contexto de las elecciones anticipadas, más allá de un fin ciudadano, busca allanar el camino para el correísmo.