Si algo faltaba para que no quedara la menor duda de la persecución política que bajo el pretexto del caso Balda se aplica desembozadamente contra el expresidente Rafael Correa por el cuarteto formado por el exconvicto Fernando Balda, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez Reina, y la jueza de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniela Camacho, en indecoroso conciliábulo con el presidente de la República, Lenín Moreno, fue la providencia de medidas cautelares, absolutamente gratuita e inmotivada, dictada por la jueza de lo penal, en la que ordena que el expresidente Correa, quien se encuentra residiendo en Bélgica junto con su familia -su mujer e hijos-, se presente cada 15 días ante el secretario general de la CNJ, suponemos que para acreditar que está vivo y que no ha cambiado su lugar de residencia.

Pero dictar una medida cautelar así, como si Bruselas estuviera a no mucha distancia de Quito, contra un expresidente de la República que tiene miles de seguidores que lo recuerdan con agradecimiento, cariño, respeto y orgullo, por su carisma y por la gran obra pública realizada durante la década de su mandato, constituyéndose en uno de los grandes líderes de los gobiernos progresistas de Latinoamérica, junto al comandante Chávez, Lula da Silva, Evo Morales y Cristina Fernández, a la par que devolviéndonos nuestra autoestima nacional, no solo que es crasamente ofensivo sino que cae más en las lindes del ridículo que en un grosero abuso de la letra de las normas que rigen el proceso penal.

De allí que ya no sorprenda la cereza en el pastel del absurdo jurídico que es la orden de prisión preventiva contra el expresidente Correa, dictada por la juez de la sala Penal de la CNJ.

Sería de investigar seriamente cómo obtuvo su título profesional en Derecho y aun la calidad académica de la universidad que se lo otorgó.

Y otro tanto respecto del fiscal general del Estado, Paúl Pérez Reina.

¿Cómo estos dos personajes llegaron a tan altos cargos que manifiestamente afrentan y deshonran?