designación de autoridades
Concurso para Fiscal entra en etapa decisiva mientras comisión cívica hace cuestionamientos
Para el 13 de septiembre está previsto el inicio de las audiencias de impugnación. Comisión cuestionó decisión de dejar por fuera impugnaciones

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar fiscal fue el primer filtro para las impugnaciones.
El concurso para la designación del nuevo Fiscal General entrará en una etapa clave. El 14 de septiembre de 2026 arrancarán las audiencias públicas de impugnación. La Comisión Cívica, en su informe paralelo, alertó sobre impugnaciones que debieron ser contempladas.
Para el lunes están previstas tres audiencias, todas en contra de Inés Romero. El impugnante es Carlos Gustavo Bravo. La primera audiencia tendrá lugar desde las 09:30 en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en Quito.
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La entidad informó que hay 41 impugnaciones en contra de 26 aspirantes al cargo de Fiscal General. Sobre el trámite de las audiencias, el organismo aclaró que se concederá la palabra al impugnante y, posteriormente, al impugnado.
“En su primera intervención, ambas partes presentarán sus pruebas y alegatos. El tiempo máximo para cada exposición será de 20 minutos y se dispondrá de hasta 10 minutos para el ejercicio del derecho a la réplica”, indicó el CPCCS.
Cuestionamiento de la Comisión Cívica
La primera conclusión de esta instancia de la sociedad civil fue que las impugnaciones presentadas, los informes individuales y las resoluciones de la Comisión Ciudadana de Selección no estuvieron disponibles en los momentos oportunos, mientras el concurso avanzó.
Asimismo, se detalló que 46 impugnaciones debían ser admitidas y tres inadmitidas. “En el 83,7% de los casos, el análisis de la Comisión Cívica coincidió con la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección”, se lee en el informe paralelo.
También se detectó que, aunque los requisitos formales se cumplieron en su gran mayoría, las principales controversias se concentraron en cuatro puntos: la presentación de la cédula de identidad; la relación entre los hechos y la causal invocada; la exigencia de documentos originales o copias certificadas; y la inclusión de la dirección electrónica, fecha y firma de responsabilidad.
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“La revisión paralela concluyó que la Comisión Ciudadana inadmitió impugnaciones que debían continuar a la siguiente etapa de audiencias”, dice el informe paralelo.
Así, según el documento, se habría impedido que los argumentos de fondo fueran discutidos en audiencia.