Cerca de 1.000 comerciantes de mercados urbanos de Pichincha buscan afiliación al IESS
Cerca de 1.000 comerciantes de mercados urbanos de Pichincha serán afiliados al IESSCortesía

Revolución Ciudadana exige aclarar la afiliación urbana de 1.000 comerciantes al IESS

Legislador solicita al IESS información legal, técnica y financiera sobre inclusión de comerciantes de mercados de Pichincha

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, solicitó información oficial a la directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Giovanna Ubidia, sobre la incorporación de cerca de 1.000 comerciantes de mercados urbanos de Pichincha al régimen del Seguro Social Campesino. El pedido fue difundido el 30 de marzo de 2026 en su cuenta de X. La solicitud se basa en un oficio dirigido desde la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. El legislador exige claridad sobre la base legal, técnica y financiera del proceso.

El documento corresponde a un requerimiento oficial de información emitido desde Quito el 29 de marzo de 2026. En él se pide detallar el sustento jurídico que respalda la incorporación de comerciantes urbanos al régimen rural. También se solicita remitir informes jurídicos y normativa específica que autorice la afiliación. El pedido incluye resoluciones, acuerdos o disposiciones administrativas que respalden el proceso.

El asambleísta justificó su solicitud con un mensaje directo en redes sociales. “ Un régimen creado para el campo se está ampliando sin explicaciones”, escribió. En el mismo mensaje añadió preguntas sobre base legal, criterios técnicos, beneficiarios y sostenibilidad financiera. El pronunciamiento generó debate sobre el alcance del programa.

Base legal y criterios técnicos del proceso

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En el oficio legislativo se pide explicar qué normativa específica autoriza la afiliación de comerciantes de mercados urbanos. Además, solicita detallar los criterios técnicos utilizados para considerarlos sujetos de este régimen especial. El documento exige que toda respuesta incluya respaldo documental. La solicitud busca determinar si existió sustento técnico previo.

El requerimiento también pide identificar el listado completo de personas incorporadas. Se solicita nombres y apellidos de los beneficiarios. Asimismo, exige detallar los mecanismos de verificación aplicados para su selección. El objetivo es conocer cómo se ejecutó la incorporación.

Otro punto clave es conocer las organizaciones o asociaciones mediante las cuales se realizó la afiliación. El documento solicita detallar estructuras y procesos utilizados. Se exige que cada respuesta esté respaldada con documentación oficial. El énfasis está en la trazabilidad del proceso.

Mercados incluidos y cobertura territorial

El oficio pide detallar los mercados de la provincia incluidos en la iniciativa. También solicita el número de incorporados por cada mercado. El objetivo es conocer el alcance territorial del proceso. La información deberá contar con documentación de respaldo.

El documento requiere explicar las fases de implementación del proceso. Además, pide la proyección de ampliación hacia otros territorios. Este punto apunta a conocer si la iniciativa continuará expandiéndose. También se busca identificar el plan de crecimiento del programa.

El pedido incluye información sobre la red de atención en salud. Se solicita detallar los dispensarios que atenderán a los nuevos incorporados. Asimismo, se pide explicar la capacidad instalada de estos centros. El enfoque está en la cobertura efectiva del servicio.

Red de salud y sostenibilidad financiera

La solicitud exige detallar la ubicación geográfica de los dispensarios. También pide información sobre su cobertura territorial efectiva. El objetivo es verificar si existe capacidad suficiente para atender la demanda. Este punto conecta directamente con la sostenibilidad del sistema.

En su mensaje público, Molina cuestionó el uso del programa. “No vamos a permitir que el Seguro Social Campesino se use con fines políticos y sin sustento técnico”, afirmó. El legislador remarcó que los recursos pertenecen a los ciudadanos. Además, insistió en la necesidad de transparencia.

El pronunciamiento concluye con una advertencia directa. “Esto no es un favor: es plata de los ecuatorianos y se respeta”, escribió. Con el requerimiento oficial en marcha, el debate queda abierto. La respuesta del IESS será clave para aclarar el proceso.

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