La crisis institucional en Ecuador requiere de salidas constitucionales
Sectores como salud y seguridad, así como líos institucionales, azotan al país. Analistas insisten en más institucionalidad
Las crisis en Ecuador dejaron de ser episodios puntuales para convertirse, semana a semana, en el denominador común de sectores clave como la salud y la seguridad, así como de instituciones estratégicas, entre ellas el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Bastan pocos ejemplos: mientras el 2025 cerraba como el año más violento en la historia del país, una nueva crisis institucional emergía en la Judicatura a raíz del juicio político a Mario Godoy. Simultáneamente, mientras el desabastecimiento de medicinas persiste, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales y los jueces de la Corte Constitucional (CC) han sido puestos bajo la lupa.
El rol del Ejecutivo: ¿revocatoria del mandato?
Aunque la inestabilidad no es un fenómeno nuevo, la posibilidad de superar esta multiplicidad de problemas depende, en primera instancia, de reconocer que existe un interés del Ejecutivo por incidir en cada espacio de la institucionalidad. Así lo sostiene el expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta Espinosa.
Para ello, Acosta propone una salida drástica: la revocatoria del mandato. “Dentro del marco institucional, apegados a la Constitución y la ley, hay que desplegar acciones para frenar las pretensiones dictatoriales de Noboa”, afirma, aunque reconoce su desconfianza hacia el CNE y admite que este es un camino sumamente complejo.
Este Diario intentó contactar a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y a varios asambleístas de la bancada de ADN para conocer su postura ante el posible inicio de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Problemas de instituciones se luchas con más institucionalidad
Por su parte, el constitucionalista José Chalco recuerda que no todos los líos son recientes y no todos dependen del Ejecutivo. Además, hace hincapié en que las soluciones aún reposan en la institucionalidad y la Carta Magna. De hecho, identifica a la Corte Constitucional como el órgano clave para garantizar que las decisiones estatales no sean excesivas y se mantenga el orden jurídico.
“Hay que entender que no se trata de defender un texto constitucional en abstracto, sino un orden constitucional. Un respeto a instituciones y a mínimos jurídicos. Es una cuestión de defensa al Estado Constitucional. El país requiere servidores y funcionarios públicos con talla de Estado”, comenta Chalco.
Corte Constitucional, ejemplo del riesgo existente
No obstante, la autoridad de la Corte ha sido cuestionada recientemente tras conocerse que varios magistrados están en la mira de la Contraloría General del Estado e incluso podrían ser investigados por la Fiscalía General, acciones que diversos sectores han calificado como “acoso institucional”.
En contraste, el exasambleísta Andrés Páez sostiene que las observaciones a los jueces no tienen relación con el Ejecutivo y son, por el contrario, una muestra del funcionamiento institucional, al ser un procedimiento estándar aplicado a todo servidor público.
El poder ciudadano como última frontera
Para Acosta, la lectura es opuesta: considera que la Corte Constitucional es el último espacio de resistencia frente al Gobierno. Ante la erosión de la confianza en las instituciones, sostiene que al país solo le queda la resistencia ciudadana, ejercida en las calles y en las urnas.
“No solo hay la revocatoria del mandato o la destituidos a través de la Asamblea Nacional, sino la resistencia popular que podría forzar la renuncia de Daniel Noboa. Todo, menos la dictadura, como decía Eloy Alfaro”, comenta, enfatizando que estos problemas solo se acabarán con la “Constitución y la ley en la mano”.
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