Comisión de Seguridad enfrenta alertas por vacíos en reforma sobre desaparición forzada

La reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas recibió nuevas observaciones durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y delegados de la Corte Nacional de Justicia coincidieron en que el proyecto debe ampliarse para evitar vacíos legales y garantizar una respuesta más efectiva ante posibles casos de desaparición forzada.

La discusión se produce tras la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, que ordenó incorporar mecanismos especiales para la búsqueda e investigación cuando existan indicios de participación estatal en una desaparición.

Durante la jornada, los comparecientes insistieron en que la incorporación de la figura de “presunta desaparición forzada” no puede limitarse a un cambio terminológico y debe ir acompañada de reformas estructurales que fortalezcan la búsqueda, la investigación y el acceso a la información.

Reforma a ley de desapariciones enfrenta observaciones jurídicas

Sofía Cando, asesora jurídica de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), respaldó el espíritu de la reforma, pero advirtió que la propuesta debe armonizarse con el resto de la normativa vigente para evitar problemas en su aplicación.

“La categoría de presunta desaparición forzada debe armonizarse con todo el contenido de la ley a fin de evitar contradicciones, vacíos normativos o dificultades en su aplicación práctica”, afirmó durante su intervención.

La representante de Asfadec sostuvo que la desaparición forzada no debe entenderse únicamente cuando intervienen directamente agentes estatales. Explicó que la legislación también debe contemplar situaciones en las que existan autorizaciones, apoyo, tolerancia u omisiones de autoridades públicas, tal como ocurre en el Código Orgánico Integral Penal y en los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, planteó que la reforma establezca qué autoridad tendrá la facultad de determinar inicialmente una presunta desaparición forzada, bajo qué criterios se activarán las rutas especializadas y cuáles serán las obligaciones concretas de las instituciones desde el primer momento de la denuncia.

Asfadec propone crear dirección especializada en Fiscalía

Entre los planteamientos presentados por Asfadec consta la creación de una Dirección Nacional de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas y Extraviadas dentro de la Fiscalía General del Estado.

“Esta dirección debe contar con autonomía técnica, presupuesto propio, personal especializado, equipos interdisciplinarios y capacidad de coordinación nacional e internacional”, señaló Cando.

Según la organización, esta estructura permitiría enfrentar problemas recurrentes como la rotación de fiscales, la pérdida de continuidad en los casos, la dispersión institucional y las demoras en diligencias consideradas urgentes para localizar a las víctimas.

También pidieron fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como evitar prejuicios o presunciones de desaparición voluntaria que retrasen la activación de alertas y protocolos de búsqueda.

"Uno no puede ser juez y parte", advierte abogado de Asfadec

David Aróbere, coordinador de la Red de Abogados Voluntarios de Asfadec, expuso varios problemas que, a su criterio, persisten desde la aprobación de la ley vigente.

Uno de ellos es la falta de un registro único y confiable de personas desaparecidas en Ecuador. Según explicó, actualmente existen bases de datos dispersas entre distintas instituciones públicas que no coinciden entre sí.

“No podemos tener un solo registro oficial, lo cual evidentemente nos complica muchísimo tener conciencia de un registro verídico”, manifestó.

Aróbere también cuestionó la falta de especialización de fiscales y policías encargados de investigar desapariciones y señaló que muchas diligencias urgentes no se ejecutan oportunamente, lo que termina afectando la obtención de pruebas.

El abogado fue más allá al referirse a los casos de desaparición forzada y advirtió posibles conflictos en las investigaciones cuando los presuntos responsables pertenecen al propio Estado.

“Uno no puede ser juez y parte”, sostuvo, al proponer que organizaciones sociales participen en mecanismos de vigilancia y control de los procesos para garantizar transparencia cuando existan sospechas sobre la actuación de instituciones públicas.

Corte Nacional alerta sobre problemas en definición de desaparición forzada

La Corte Nacional de Justicia también presentó observaciones técnicas al proyecto de reforma. El juez nacional Lauro Javier de la Cadena destacó la importancia del activismo de las organizaciones de familiares de desaparecidos y consideró que sus aportes deben ser incorporados en el debate legislativo.

“El Estado como tal es responsable de brindar una respuesta inmediata, una respuesta oficiosa y una respuesta exhaustiva ante la desaparición de una persona”, afirmó.

Por su parte, Diego Sebastián Campoverde, subcoordinador jurídico de la Sala Penal de la Corte Nacional, recordó que la sentencia constitucional derivada del caso de los niños de Las Malvinas ordenó tres medidas específicas: presumir la desaparición forzada cuando existan indicios de participación estatal, impedir que las instituciones aleguen reserva para ocultar información y crear mecanismos de coordinación para la búsqueda.

Sin embargo, señaló que la propuesta aún presenta problemas conceptuales.

“La desaparición forzada no solamente es la causa de acciones de agentes del Estado, sino también de quienes participan con su aquiescencia o con su consentimiento”, explicó.

Asimismo, recomendó que la futura ley incorpore protocolos específicos para coordinar las actuaciones de todas las instituciones involucradas y que se incluya a organizaciones de la sociedad civil dentro de los mecanismos de seguimiento y veeduría.

Inred cuestiona figura de “presunta desaparición forzada”

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inred) también expuso una serie de observaciones durante la sesión. Andrea Toapanta, integrante del área jurídica de la organización, señaló que la denominación “presunta desaparición forzada” genera preocupaciones desde el enfoque internacional de derechos humanos.

“La normativa e instrumentos internacionales de derechos humanos no contempla esta denominación”, afirmó. La jurista explicó que la legislación internacional exige la activación inmediata de mecanismos de búsqueda cuando existan indicios de participación estatal, sin necesidad de crear categorías intermedias que puedan generar incertidumbre o retrasos.

Toapanta también insistió en la necesidad de fortalecer los registros estadísticos sobre desapariciones, incorporando variables relacionadas con edad, sexo, identidad de género, nacionalidad, origen étnico y circunstancias del hecho para identificar patrones de riesgo y mejorar las políticas públicas.

Organizaciones exigen derecho a la verdad y búsqueda sin demoras

Diana Salomé León, coordinadora legal de Inred, presentó seis propuestas adicionales basadas en estándares internacionales de derechos humanos. La primera fue eliminar cualquier interpretación que permita exigir tiempos de espera antes de denunciar una desaparición.

“Las primeras horas son las más críticas para localizar a una persona con vida y cada hora perdida reduce exponencialmente esa posibilidad”, sostuvo. Además, pidió que la búsqueda de personas desaparecidas funcione de manera independiente de las investigaciones penales, para evitar que la paralización de un proceso judicial frene los esfuerzos para encontrar a la víctima.

La organización también propuso reconocer expresamente el derecho a la verdad como un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, garantizar la participación activa de los familiares en la construcción de hipótesis de búsqueda y establecer mecanismos públicos para medir la efectividad de la ley.

“Las familias no son destinatarias pasivas de información, son actores fundamentales en la búsqueda”, enfatizó León.

Al cierre de la sesión, la Comisión de Seguridad solicitó que todas las observaciones presentadas sean remitidas formalmente para ser analizadas en la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reforma.