El rol ciudadano en el caos de lo autoritario en Ecuador: riesgos y escenarios

El reciente adelanto de las elecciones seccionales es visto como una de las líneas rojas que el país ha cruzado en el declive de la democracia.

Poco antes, la opinión pública reaccionó con preocupación ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar el proceso de cancelación de Construye y Unidad Popular, una medida tomada tras la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) por una investigación que aún no ha concluido.

A estos hechos de tinte electoral se suman decisiones de otras entidades estatales y de Gobierno que afectan la institucionalidad: el caso del Ministerio de Trabajo, que se niega a cumplir la sentencia de una jueza que ordenó la eliminación del supuesto impedimento que registra la vocal suplente Alexandra Villacís para permitirle asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura; la celeridad de la Fiscalía para actuar contra opositores del régimen, mientras las investigaciones sobre las presiones a jueces anticorrupción no avanzan; o la aparente discrecionalidad de la Contraloría, como se conoció antes del feriado, ya que el ente inició un control de los patrimonios de los jueces de la Corte Constitucional (CC), mientras ha mantenido silencio frente al crecimiento millonario de los bienes con los que cuenta actualmente Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Frente a los cuestionamientos por el cambio de la fecha de las elecciones y la afirmación de que esto favorecería al partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), el presidente Daniel Noboa dijo, en una entrevista en radio Gaviota, que el cambio lo realizó el CNE. Aseguró que la modificación favorece a la oposición, que es fuerte en los sectores rurales, cuyas zonas habrían sido las más afectadas por posibles inundaciones derivadas del fenómeno de El Niño. “Somos más débiles en la ruralidad de la Costa, se destruye el mito de que nosotros queríamos cambiar las elecciones porque somos más fuertes en las cabeceras cantonales y capitales de provincias de la Sierra. Se hubiesen cerrado los recintos electorales en la ruralidad (...) Estamos garantizando que todos puedan votar”, manifestó.

Noboa y sus similitudes con Venezuela y Nicaragua

Sin embargo, la modificación del día de las elecciones ha encendido las alertas y distintas voces mencionan que ese tipo de decisiones recuerdan antecedentes que ya ocurrieron en Venezuela y Nicaragua, donde se dieron hechos similares que han acabado con la democracia en esos países.

Según el último informe Freedom in the World, difundido por Freedom House el 19 de marzo, “una de las peores señales de estabilidad democrática es el adelanto o retraso de las elecciones: el cambio de la fecha. Lo que estamos viviendo en este momento es una señal no muy positiva del sostenimiento de la institucionalidad democrática; hay que prestar atención porque nadie puede predecir el futuro en cuestiones meteorológicas para usarlo como pretexto y cambiar las elecciones. Estas señales no deben ser vistas de manera aislada y hay que tenerlas en cuenta para evitar cosas peores en el futuro”, dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tras citar el reporte de este año de la ONG estadounidense que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo.

“Estamos en un momento de populismo, de graves amenazas a los regímenes democráticos. Ha surgido el debate de cómo le denominamos: dictadura, autoritarismo, autocracia; hay varias formas de nombrarlo, pero más allá de eso debemos poner atención en qué estamos viviendo: una arremetida contra las reglas, contra la Constitución, las leyes vigentes, los poderes del Estado; una ansia de desplegar el poder buscando enemigos, en lugar de ver aliados para gobernar”, señala Valentina Cordero, politóloga y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El riesgo de concentrar todos los poderes en Ecuador

“Vemos la intención de concentrar todos los poderes para favorecer a un proyecto político determinado, lo cual atenta contra los principios republicanos por el hecho mismo de adelantar las elecciones sin que la sociedad lo haya debatido o que las organizaciones políticas se hayan enterado”, indica Gonzalo Muñoz, integrante del Foro de la Democracia.

El también constitucionalista explica que el CNE puede modificar el calendario electoral, pero dentro de los márgenes establecidos en la ley, como lo señala el artículo 91 del Código de la Democracia, el cual dispone que la posesión de autoridades seccionales debe darse el 14 de mayo del año de la elección. “Entonces, la elección debe ser en el mismo año de la posesión, como ha sido siempre desde la Constitución de 2008. El comentario de Diana Atamaint es lamentable; a nadie se le puede ocurrir decir que el día de las votaciones y de las elecciones son distintos. Ante la ausencia de argumentos, para consolidar este modelo de tinte autocrático, se recurre a estas ocurrencias”, añade.

El rol de la ciudadanía: exigir independencia

Si bien el escenario es complejo y se ha ido agravando, los expertos resaltan el rol que debe cumplir la ciudadanía para encaminar los procesos democráticos.

Según Cordero, “lo primero es darnos cuenta, admitir que la democracia está en riesgo, que hay una actitud en el ejercicio del poder que no dialoga ni comparte valores democráticos; también superar el escollo del temor, aunque genera un dilema por el aparataje estatal al servicio de la persecución”.

“La ciudadanía tiene que alzar la voz, eso estamos intentando desde el Foro. No tenemos ningún tipo de posición política, pero sí nos preocupa el estado de la democracia en el país, donde cada vez se va perdiendo la independencia de funciones, se consolida un modelo autocrático y la gente tiene miedo de hablar por las posibles repercusiones del poder”, menciona Muñoz.

El experto cree que otra opción para expresar el desacuerdo es el sufragio. “Hay la posibilidad de que en las siguientes elecciones se repita el rechazo a esta forma de gobernar, como ya ocurrió en la consulta popular”. Sin embargo, considera que el cambio debe ocurrir desde el propio ciudadano. “El ecuatoriano debe cumplir con la ley. Ahora mira ese ejemplo de un Gobierno que no acata una sentencia, como el Ministerio de Trabajo, y dice: ‘si el Gobierno no cumple, tampoco yo’; pero una sociedad que no respeta la ley es una sociedad anárquica y eso los ecuatorianos tienen que cambiar”, enfatiza.

A Alarcón le preocupa que la ciudadanía no preste atención a las señales, pese a que ya se vio la consolidación de un modelo autoritario en el pasado. “No se trata de que nos guste o no, sino de defender las instituciones, los principios. El rol de la ciudadanía es entender que los gobiernos son nuestros representantes y debemos exigirles una buena gestión pública, no la consolidación de modelos personalistas. Debemos ser ciudadanos responsables; vivir en democracia no es solo ir a votar, se requiere hacer vigilancia de lo público y de la toma de decisiones de las autoridades”, concluye.

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