Por motivos de seguridad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió suspender las votaciones de la consulta popular y referéndum en México e Israel. Aunque un informe recomendó la no realización de las elecciones, una consejera electoral reveló una alternativa presentada por Cancillería que no habría sido tomado en cuenta por parte de la mayoría del órgano electoral.

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La decisión de suspender las elecciones en México e Israel fue adoptada por la mayoría del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), realizado este 16 de abril de 2024. A diferencia del resto de vocales, la consejera Elena Nájera expuso su inconformidad con el informe analizado por el pleno.

Expuso que no le parecía apropiado que los casos de México e Israel sean analizados en un solo informe, ya que las circunstancias son distintas. El problema con México surge a raíz de la crisis diplomática tras la detención de Jorge Glas, mientras que con Israel el problema es el ataque de Irán.

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Asimismo, señaló que los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) omitieron un oficio remitido por la Cancillería que ofrecía una solución para poder llevar a cabo las votaciones de la consulta popular y referéndum, previsto para el 21 de abril de 2024.

Sin embargo, sus observaciones no fueron tomadas en cuenta en el pleno, ya que Nájera tampoco elevo una moción, y se votó a favor del informe que recomendaba la suspensión de las elecciones en las jurisdicciones de México e Israel por falta de seguridad.

Cancillería planteó una solución para no suspender las elecciones en México

Durante su intervención, la consejera Elena Nájera expuso que el informe conocido por el pleno omitió un oficio remitido por Cancillería donde se plantea una solución para no suspender las votaciones de la consulta popular y referéndum en México.

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Según citó Nájera, el oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores proponía contar con un aumento de presupuesto en el proceso electoral para "reforzar la seguridad" de los recintos electorales de México a través de la contratación de guardias de seguridad privados.

Sin embargo, la presidenta del órgano electoral, Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera coincidieron en que dicha alternativa planteada demoraría mucho en ejecutarse, incumpliendo los plazos previstos en el calendario ya aprobado.

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Atamaint indicó que se necesitarían, al menos, ocho días laborables para la transferencia de recursos y empezar con la búsqueda de una empresa de seguridad que ofrezca sus servicios en los recintos de México, previstos para la votación de la consulta popular y referéndum.

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