La Comisión Ocasional que investigó los hechos de las manifestaciones de octubre pasado, pone en duda el número de personas que habrían fallecido durante las movilizaciones que se dieron en octubre pasado en rechazó a las medidas económicas implementadas por el Gobierno. 

Por tal razón, en el informe aprobado la semana pasada, dentro de las recomendaciones que deberán ser aprobadas por el pleno de la Asamblea, pide a las autoridades estatales presenten un informe detallado al respecto. 

"En el plazo de 30 días el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y el Ministerio de Salud un informe detallado sobre el número total de personas fallecidas y sus causas, ante la Asamblea Nacional en el marco de las protestas del 02 al 13 de octubre de 2019", señala el inciso quinto de la cuarta recomendación que consta en el informe.

Además,  plantea que la Fiscalía debe realizar de manera objetiva todas las acciones necesarias encaminadas a identificar a los autores de los actos que produjeron los fallecidos, lesiones graves y otros delitos cometidos durante las jornadas de protesta. 

En el mismo documento, se hace referencia que la Defensoría del Pueblo, habla de entre ocho y once las personas muertas, mientras que el Ministerio de Gobierno precisa que son nueve las personas fallecidas, número que coincide con el reporte presentado por la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Justamente, a la Defensoría le solicita que examinar todos los casos de posibles víctimas de vulneración de derechos humanos, entre ellas, personas que murieron, privaciones arbitrarias de la libertad, atropellos a la integridad personal, criminalización de la protesta social, ausencia de investigación penal y otros.

Para el efecto, el organismo de control de derechos deberá recibir testimonios y recopilar toda la información y documentos necesarios que le permitan examinar las vulneraciones a los derechos humanos producidos con ocasión del Paro Nacional. "Deberá individualizar los casos con toda la documentación y testimonios de soporte necesarios y presentarlos ante las autoridades competentes", precisa el documento.

En otra de las recomendaciones, los comisionados también plantean un plazo de 30 días para que el Gobierno informe a la Legislatura acerca de las observaciones internacionales que ha recibido el país en el contexto de las protestas sociales por parte de los organismos de Derechos Humanos.