Ni la Navidad los reconcilia. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo va en aumento. Al menos así lo han demostrado estos dos frentes en los últimos días a través de un cruce de acusaciones y anuncios. Como muestra, la denuncia pública que hizo la mayoría legislativa, liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano, por un supuesto intento de golpe de Estado “blando” que, según las bancadas, quiere “solapar el Ministerio de Gobierno”, luego de que esta cartera de Estado acusara al Parlamento de desacato por no haber posesionado al nuevo superintendente de Bancos designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Denuncia que llevó al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a calificar la acción como una “ridiculez” y la “manera de hacer política en la Asamblea Nacional”.

A esto se suma la acusación que hizo, desde Estados Unidos, el presidente Guillermo Lasso, al afirmar que para las elecciones seccionales del 5 de febrero próximo hay candidatos vinculados al narcotráfico. Aseguró, sin dar nombres, que hay asambleístas y correístas que son parte de estas pruebas que, según el mandatario, en su momento presentará ante la Fiscalía.

Y como evidencia de que ni la Navidad ni los días de asueto que trae consigo el final del año ‘calman las aguas’ entre el Legislativo y el Ejecutivo, está la versión que rindió ante la Fiscalía el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, la mañana del 22 de diciembre, junto a un grupo de legisladores. Allí denunciaron un supuesto abuso del derecho por parte del juez Lindao, quien concedió una de las siete acciones de protección interpuestas con las que se dispuso restituir a cuatro consejeros del CPCCS destituidos de sus cargos por el Legislativo.

Este recuento de señalamientos que encienden la pirotecnia política es, para Henry Cucalón, abogado y exasambleísta, la consecuencia de “todo un año de agitación política” que se configura solo “con la intención de generar un caos institucional” que, al final del día, “causa inestabilidad y solo perjudica a la población ecuatoriana”.

Para que esto se solucione, receta Cucalón, se debe dejar de emplear mal la garantías jurisdiccionales, que fueron ideadas para proteger a los ciudadanos “del abuso del poder”. Estas se han convertido, según su criterio, en “la herramienta favorita” para zanjar disputas entre el mismo poder político. “Funcionarios públicos contra funcionarios públicos, instituciones estatales contra instituciones estatales y funciones del Estado contra funciones del Estado: esa nunca fue la naturaleza de las garantías jurisdiccionales”, dice Cucalón, quien califica como el resultado de la “insensatez” la denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado blando por parte del Gobierno.

Desde el punto de vista de Jorge León, analista y estratega político, cada uno de los señalamientos corresponde a un movimiento electoral en una época que está fuera de tiempo. “El ciudadano no está pensando en la consulta popular ni en las elecciones de febrero; está pensando en dónde va a pasar Navidad y si le alcanza el presupuesto”, opina León, quien considera que los discursos de ambos mandos tienen un fin electoral: “desgastar” al opositor. Sin embargo, estos no calan porque, por la época festiva, “mueren rápido en la opinión popular”.

Ximena Ron, abogada constitucionalista, estima que el auge de acusaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo es la clara evidencia de que la tensión entre estos dos mandos no se ha solucionado. Para ella, “las elecciones cercanas agudizan este escenario, porque siempre van a intentar desacreditar a quienes se configuran como oposición”.