A paso lento. Así avanzan los procesos penales relacionados con actos de corrupción registrados en Guayaquil, principalmente aquellos que se acentuaron tras el inicio de la emergencia sanitaria que se decretó en marzo de 2020, por el coronavirus.

Hace diez meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) creó    la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria ante esos hechos delictivos que comenzaron a salir a la luz pública, en todo el territorio nacional, y que se relacionaban especialmente con la irregular adquisición de insumos médicos y medicinas para combatir la COVID-19. La Perla del Pacífico se convirtió en uno de los escenarios claves, y donde la Fiscalía inició acciones penales por delitos de peculado, delincuencia organizada, tráfico de influencias, en contra de empresarios, funcionarios públicos, proveedores. La mayoría relacionados con hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A la fecha, ¿cuántos de esos casos han sido sancionados como corresponde?

Uno de los casos más bullados inició, el pasado jueves, el juzgamiento de ocho personas; entre ellas, Daniel Salcedo Bonilla, en contra de quien la Fiscalía General del Estado abrió cuatro procesos en 2020;“todos relacionados con presuntas irregularidades en la comercialización de insumos médicos en hospitales, durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19”.

Actualmente, Salcedo enfrenta una condena de cuatro años de cárcel por el delito de fraude procesal; y encara otro juicio por presunto lavado de activos junto con su hermano Noé, en la provincia de El Oro. Está pendiente además el resultado de la audiencia preparatoria de juicio que, por el delito de delincuencia organizada, también fueron investigados los hermanos Jacobo, Dalo y Michel Bucaram Pulley, hijos del expresidente Abdalá Bucaram, cuya casa fue allanada en junio del año pasado, dentro de investigaciones por presunta corrupción en la pandemia.

Este martes 13 de abril de 2021, el juez Ronald Guerrero reinstala por décima quinta ocasión la audiencia preparatoria de juicio por el caso de delincuencia organizada. El fiscal Eduardo Díaz concluyó la exposición del dictamen con una acusación en contra de los 16 procesados, que incluye al expresidente del directorio del IESS, Paúl Granda.

Solo uno de los investigados: Stefano Xavier Adum Casanova salió liberado del proceso. El juzgador dictó sobreseimiento a su favor, tras el dictamen abstentivo que -en consulta- emitió la fiscal provincial Yanina Villagómez, “al no haberse podido demostrar la materialidad de la presunta infracción penal” y su responsabilidad en el mismo.

Esas investigaciones se derivaron del caso de peculado, que el pasado 9 de febrero de 2021, el juez Reinaldo Cevallos Cercado llamó a juicio a Salcedo y a otras siete personas; cuatro de ellas, exfuncionarios del hospital Ceibos Norte del IESS. Se investigó la supuesta adjudicación irregular de contratos para la compra de insumos y fundas para cadáveres, mediante convenios de pago a través de hospitales del IESS del Guayas. Los procesados habrían beneficiado con convenios de pago en los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, según la Fiscalía.

Fue el primer caso con el que partió la Fiscalía en Guayaquil, por los presuntos actos de corrupción que se estaban suscitando con la venta o adquisición de insumos y medicinas, que se volvieron en la pepa de oro de inescrupulosos, en tiempos de crisis sanitaria.

En la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional (TI), mostró a Ecuador con una puntuación de 39/100 y se lo ubicó en el puesto 92 entre 180 países evaluados. “Esta es la mejor calificación obtenida por el país desde 2012. A pesar de la mejora, nuestro país aún se encuentra por debajo del promedio mundial y de América Latina”, resaltó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tras la presentación del documento, este año.

El IPC señala que la mayoría de los países evaluados no ha registrado avances en el combate a la corrupción durante casi una década, evidenciando un estancamiento de los esfuerzos de los gobiernos para abordar las causas profundas de la corrupción. Una realidad que se evidencia en los procesos de vacunación en Ecuador.

La medicina que actualizó un caso

El 11 de julio de 2020, Abraham Muñoz, cuyo nombre saltó a la luz tras el accidente aviatorio que sufrió Daniel Salcedo en Perú, fue detenido por la presunta venta del medicamento Actemra, donado durante la pandemia. Nueve meses después, el caso no pasa aún por la audiencia preparatoria de juicio, pero la venta del medicamento se dispara    en redes sociales.

Muñoz era entrenador personal de Salcedo. Actualmente está detenido y es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada junto con Noé Salcedo; además de exfuncionarios del hospital Guasmo Sur, uno de ellos, el exgobernador Álvaro Ponce, a quienes aún no se ha definido su situación jurídica.

DETALLES

Abdalá Bucaram enfrenta tres procesos penales que se derivaron tras el allanamiento a su domicilio, en Guayaquil, por denuncias de corrupción en pandemia.

Suspendidos

Los procesos de Bucaram están suspendidos, por su participación como candidato a asambleísta nacional.

Directivos

En los casos de delincuencia organizada son investigados además exdirectores de hospitales del IESS.