Pablo Celi es el hombre poderoso de la Contraloría, pese a que lleva 78 días preso. El martes 29 de junio del 2021, los documentos que ingresaban al edificio matriz iban dirigidos a la máxima autoridad de control, o sea a él.

En pocos oficios se mencionaba a Carlos Alberto Riofrío González, el nuevo subcontralor, que fue nombrado por Celi, el pasado 25 de junio.

La Ley Orgánica de la Contraloría y el Código Integral Penal le permiten despachar desde la Cárcel N° 4, pese a su imputación por delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Amparado en la Ley de la Contraloría, Celi tiene licencia sin sueldo. Aunque en teoría está alejado del cargo, la semana pasada aceptó la renuncia de Valentina Zárate, subcontralora, y después nombró a Riofrío.

El Código Penal dice que él no es culpable hasta que tenga una sentencia condenatoria, por lo tanto, jurídicamente preserva su inocencia.

Dentro de la Contraloría, esta situación genera inestabilidad. Este Diario conversó con funcionarios de carrera, quienes coincidieron en que el desprestigio de la entidad les está afectando en el trabajo. “Los auditores somos los que damos la cara en las instituciones a donde vamos a realizar el trabajo”, dice un servidor con más de 20 años en la institución.

Según ellos, en el último año, la estructura orgánica de la entidad se ha cambiado dos veces, pero lo que más les molesta es que en los cargos de jefes y supervisores de equipos de auditores “se colocan a jóvenes que no tienen ninguna mística de trabajo y que responden a temas políticos”.

El nombramiento de Riofrío como subcontralor no disminuye la incertidumbre.

Este Diario solicitó desde el lunes información sobre las líneas de trabajo de Riofrío. Se informó que este miércoles 30 de junio se entregaría una respuesta.

Según la web de la Contraloría, el funcionario ha tenido cargos de responsabilidad desde 2014. Ha sido jefe de equipo, supervisor de auditoría, supervisor nacional de Calidad de Auditoría, director nacional de Auditoría de Salud.

“La Contraloría se volvió política desde Carlos Pólit. A todos los funcionarios antiguos, que éramos técnicos, se nos desplazó. Cuando Celi asumió la dirección, las cosas se mantuvieron igual”. Los funcionarios dijeron que dirigen a Celi los oficios de procesos de auditoría que están en marcha.

De hecho, desde que el contralor está en prisión, se han presentado 19 demandas de funcionarios, proveedores estatales y empresas observadas en exámenes especiales por parte los equipos auditores.

La última querella con la que se busca impugnar una glosa fue presentada ayer, martes 29 de junio, por parte de una constructora ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. La demanda se dirigió contra Celi.

“Él está impedido de tomar decisiones porque está temporalmente ausente de su cargo”, dice Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Su criterio es que él no puede tomar decisiones sobre procesos administrativos, auditorías ni sobre la conducción de la entidad. “No podía haber aceptado la renuncia de Zárate ni haber nombrado a Riofrío”. Y subraya que a los detenidos no les permiten tener dispositivos electrónicos, como la firma electrónica.

El defensor de Celi, Marcelo Ron, dijo que su cliente no despacha desde la cárcel. Incluso un quebranto de salud le impide trabajar. Afirmó que lo único que ha hecho el funcionario es delegar funciones. Señaló que la estrategia es revocar la detención.

El viernes, luego del comunicado con el que se informó la designación del subcontralor, la entidad dijo que quien firmó fue el director de Talento Humano. Pero el artículo 33 de la Ley de la Contraloría establece que el subcontralor solo puede ser nombrado por el contralor.

El detalle

Institución. En Quito, la entidad de control tiene 1.400 funcionarios repartidos en tres edificios.