La reciente decisión presidencial de constituir un nuevo ente público para reforzar el control y la vigilancia en los servicios de salud, bajo el nombre de Leopoldo Izquieta Pérez, causa sentimientos de frustración y rechazo en la comunidad médica de Guayaquil, que esperaba que el Gobierno restituya las competencias que tenía el desaparecido Instituto Nacional de Higiene (INH).

La nueva entidad absorberá a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), uno de los organismos en que fue fragmentado el INH a través de un decreto ejecutivo emitido en 2012 por el exmandatario Rafael Correa.

El 23 de noviembre del año pasado, por pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que recogió las demandas de gremios médicos y científicos, el presidente Lenín Moreno anunció su decisión de reabrir el Instituto, con sus atribuciones originales.

Pero el pasado 29 de abril, a menos de un mes de que concluya su mandato, firmó un decreto con el que dio paso a la creación de la Agencia de Regulación, Control, Vigilancia y Aseguramiento de la Calidad Sanitaria y Medicina Prepagada (Arcsamed). Esa institución, que tendrá su sede en Guayaquil, fusiona a Arcsa y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud y Medicina Prepagada (Acess).

El Ejecutivo le confiere a Arcsamed 31 competencias en las áreas de calidad sanitaria y de los servicios de salud y medicina prepagada.

El doctor Alfredo Palacio, expresidente de la República y quien lidera el Frente de Defensa del INH, señala a EXPRESO que el nuevo decreto “disfraza hipócritamente el daño que se hizo en 2012, sin corregirlo”.

Según él, solo bastaba con derogar el que emitió Correa para que quedase vigente el del año 1941, que dio vida jurídica al Leopoldo Izquieta Pérez.

Luiggi Martini, exdirector del INH, quien también cuestiona la decisión del Ejecutivo, observa una incoherencia jurídica en la primera disposición transitoria del documento presidencial.

Esta menciona que, una vez concluido el proceso de fusión, se derogará el decreto ejecutivo 1290 (del año 2012, que escindió al INH en dos entes).

“Al derogarse dicho decreto, entonces deben desaparecer el Arcsa y también el Inspi (Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública), que es el organismo especializado en la investigación científica. Por eso es que digo que esto es un absurdo jurídico”, critica.

El asambleísta electo Luis Almeida, quien el pasado 22 de marzo presentó una demanda de inconstitucionalidad del decreto 1290, dice a este Diario que en los próximos días presentará ante la Corte Constitucional un alcance para que el decreto de Moreno también sea declarado inconstitucional.

“La situación es lamentable. El presidente ha engañado a todos los que apoyamos la reapertura del Instituto de Higiene”, dice.

EL DETALLE

Labor. El extinto INH producía vacunas y se encargaba de la investigación científica y la vigilancia epidemiológica, entre sus tareas.