Nuevas reglas al comercio preocupan a empresarios

La Presidencia tiene hasta finales de la próxima semana para allanarse o vetar (total o parcialmente) el nuevo Código de Comercio. Pero mientras esa etapa de análisis corre, los empresarios hacen su último intento por dar a conocer sus objeciones. Ciertos cambios, aseguran, trabarán ciertos negocios e inversiones.

Tras reunirse con varios sectores, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) elaboró un listado de observaciones en contra de este proyecto que fue aprobado el pasado 12 de marzo por la Asamblea. Patricio Alarcón, presidente del gremio, sostiene que esta semana el documento será enviado al Ejecutivo, con el fin de que este vete algunos cambios que al sector le preocupan.

En el documento, al que tuvo acceso este Diario, se cuestiona el desequilibrio que, según dicen, se crea “en la relación contractual”, entre las empresas aseguradoras y clientes. En el Código se permite que un asegurado tenga la opción de cancelar en cualquier momento el contrato de una póliza, un derecho que es restringido a la empresa, bajo ciertas condiciones. Una de ellas es el no pago del cliente, pero siempre y cuando hayan transcurrido 90 días. Patricio Salas, presidente de la Federación de Aseguradoras del Ecuador, lo califica como preocupante, pues “ nos estarían obligando a aceptar retrasos en el pago de las primas por el lapso de tres meses sin que podamos cancelar el servicio por esta anormalidad”. Eso obligaría a las empresas a elevar sus previsiones o reservas, restando liquidez en el sistema.

Otra de las preocupaciones está atada con la disposición del artículo 238, que establece que “todo acto de comercio ofertado vía telefónica, y que implique un pago automático (vía tarjetas de crédito y de débito) requerirá una aceptación expresa del cliente, mediante el empleo de medios o canales electrónicos”. Alarcón explica que con esto se estaría exigiendo contratos para poder ejecutar cualquier débito automático de la banca. Un retroceso brutal, dice. “En este momento a usted le hacen débito para pagar la luz, para pagar el cable, la pensión de los colegios. En muchas entidades se paga directamente con tarjetas de crédito. Imagínese lo que implicaría ahora tener que volver a aplicar autorizaciones escritas contractuales para las más de 100 millones de transacciones que se dan al año por estos medios”, sostiene. Este Diario consultó expresamente sobre este tema al asambleísta Pabel Muñoz, promotor de este Código. Aunque se comprometió a revisar y comentar sobre el tema, no hubo respuesta.

Otra de las propuestas cuestionadas tiene que ver con las atribuciones que se le estaría dando a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y que, según representantes del CEE, “exceden en su ámbito y naturaleza financiera”. Se menciona, por ejemplo, la potestad que el organismo tendría para fijar tasas máximas o tasas de descuentos en títulos que no rigen en el mercado de valores y que actualmente circulan o se transan en el mercado libremente. “Una letra de cambio, por ejemplo, que yo le doy a otra persona. A esta no se le puede establecer una tasa, porque dependerá del período y de sus condiciones. Si lo que se quiere evitar es la usura, se podría establecer una tasa máxima de mercado, pero nada más”, sugieren.

La última observación está vinculada al capítulo de Comercio electrónico, “su alcance y finalidad”, dicen, no son claros, por su difícil lectura e interpretaciones que se aplican. Alarcón refiere que el hecho de que el Código tenga un afán que va en contra de las facilidades al comercio motiva al sector a solicitar al Gobierno su objeción o veto total. De suceder aquello, sostiene, estarían dispuestos a “apoyar de forma decidida la creación de un nuevo Código que permita que el comercio crezca y que se atraigan las inversiones al país; y que así mismo se decante por apoyar los esfuerzos que se hacen desde otros ministerios”.

Origen y etapas del proyecto

El código

El proyecto contiene 1.348 artículos, cuatro disposiciones generales, una disposición transitoria, una reformatoria y las seis derogatorias. El pasado 12 de marzo fue aprobado en la Asamblea, con 118 votos a favor.

El proceso

Desde el 14 de marzo corren 30 días para que el Ejecutivo se pronuncie a favor o en contra del documento. Si hay un veto parcial, el texto regresará al Legislativo para que en un plazo de 30 días esta se allane o insista en los textos que aprobó el pleno.

Lo positivo

No todo es negativo. Al nuevo Código se le reconoce el esfuerzo de regular los contratos de comercio electrónico, la inclusión de nuevos contratos mercantiles: franquicias, sistemas de distribución, servicios mercantiles y provisión de bienes.