El riesgo patrimonial, la 'cara frágil' de un sistema cooperativo en purga de Ecuador

El mercado de cooperativas de ahorro y crédito no solo destaca por la expansión que han tenido las instituciones más grandes, que hoy, por su tamaño en activos, se igualan al negocio bancario. Esta industria también muestra su otra cara: la fragilidad, que se refleja en la salida progresiva de cooperativas de menor tamaño. Hasta mayo de este año, 38 entidades estaban en liquidación forzosa.

Según una reciente publicación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Ambato concentra el 36,8 % de todas las liquidaciones registradas en el país, seguida de Quito, con el 26,3 %, y Cuenca, con el 21,1 %. Guayaquil y Portoviejo representan conjuntamente el 15,8 % restante.

La eliminación de estas instituciones se da en un contexto de reestructuración del mercado, marcado por una alta tasa de morosidad que afecta al sistema (superior al 8 %, frente al 3 % de la banca privada), agravando una cartera improductiva que hoy pone en riesgo el patrimonio de las entidades, sobre todo de las más débiles.

Cooperativas: Alta vulneración patrimonial

Esta fragilidad, explica el exministro de Economía, Fausto Ortiz, se evidencia al revisar el nivel de provisiones que deberían cubrir los posibles impagos. “En la banca grande, la cartera improductiva está provisionada al 200 %, y a nivel de toda la banca, al 100 %. Es decir, no habría impacto sobre el patrimonio. Pero en las cooperativas es otra historia. He visto cooperativas que no tienen una provisión adecuada y, si la hicieran, se llevarían buena parte del patrimonio”, explica.

Desde el pasado 5 de mayo, EXPRESO ha venido solicitando a la SEPS una entrevista para hablar sobre las reformas que se aplican en el sector, pero aún se sigue esperando una respuesta. No obstante, las cifras oficiales disponibles hablan de esos riesgos al revelar un deterioro constante y generalizado en la seguridad patrimonial de los tres segmentos.

En 2020, la cartera improductiva del segmento 1, donde se encuentran las cooperativas más grandes (con más de $ 80 millones en activos), representaba el 18 % del patrimonio. Sin embargo, ese indicador dio un salto el año pasado al ubicarse en el 44 %. Este año, hasta marzo, ya alcanzaba el 45 %. En el segmento 2, en cambio, esa tasa pasó del 18 % al 38 % en 2025; mientras que en el segmento 3 aumentó del 30 % al 40 % (ver gráfico).

El FMI sugiere fortalecer supervisión

La situación de este mercado ha sido objeto de observación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, en su quinta revisión del programa de financiamiento que mantiene con Ecuador, sugirió seguir fortaleciendo la supervisión y la regulación de este sector.

Si bien el sistema cooperativo, visto en su totalidad, se mantiene estable -con más de $32.600 millones en activos y un índice de liquidez del 35,3 %-, los indicadores de solidez financiera, dijo el organismo, siguen siendo muy heterogéneos entre las instituciones, pues persisten vulnerabilidades debido a la baja calidad de los activos, escasos colchones de capital y una baja o incluso negativa rentabilidad.

Para Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icorred), el panorama actual del sistema responde a un efecto tardío de la pandemia. El fin de los alivios financieros, combinado con un “cóctel” de factores externos (paro, inseguridad, cortes de energía y desastres naturales) que estancaron la economía popular, ha transparentado la realidad de esta industria y ha impedido que los clientes rurales y los microempresarios paguen sus créditos.

“No quiere decir que no se haga la gestión de cobro; ha tocado provisionar más y eso ha venido afectando. Y esa es la razón principal por la que se ha incrementado esta vulnerabilidad patrimonial”, refiere.

Cooperativas: ¿Hacia a dónde deben apuntar los controles?

La exsuperintendenta de Bancos, Rosa Matilde Guerrero, destaca algunos esfuerzos regulatorios que se han hecho en este último año para acercar la normativa de las cooperativas a las mejores prácticas, como el incremento del encaje y las reformas al buen gobierno corporativo. Sin embargo, admite que los cambios serán insuficientes si el sector no experimenta una supervisión real, apoyada en nuevas tecnologías que permitan ejecutar un control basado en riesgos.

Ante ello, propone una serie de medidas. Entre las principales están activar, en el corto plazo, planes de regularización obligatoria con cronogramas de reducción de morosidad para cooperativas que superen, por ejemplo, el 10 % de cartera improductiva; crear un fondo de capitalización cooperativo como parte de la Red de Seguridad Financiera, “elemento central en economías dolarizadas, sobre todo para entidades de capital social como las cooperativas”; e incentivar, en el mediano plazo, la provisión genérica anticíclica, con los debidos cronogramas de aproximación y análisis técnicos de acuerdo con los riesgos que las impactan.

Todo esto, señala Guerrero, contribuiría a fortalecer el sector “sin afectar los procesos de inclusión financiera que las cooperativas han generado a nivel rural, en zonas urbanas más alejadas y en los sectores más excluidos”.

A esta receta, Peñaherrera añade la necesidad de flexibilizar la norma en ciertos casos. Hay cooperativas que, pudiendo ejecutar nuevos modelos de negocio, no pueden hacerlo -como factoring o compra de cartera-, perdiendo así una oportunidad para fortalecer su patrimonio. Por último, también considera oportuno diseñar un plan de ordenamiento del mercado para regular la apertura de oficinas y, con ello, evitar la sobreoferta en determinadas zonas y mitigar el sobreendeudamiento.