El miedo y la angustia volvieron a instalarse la mañana de este lunes 4 de diciembre en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas. El sitio fue nuevamente escenario de una masacre violenta que tuvo como objetivo un hombre conocido con el alias de Zapatón, propietario de la bodega de mariscos # 22.

Otra persona resultó herida y se recupera en una casa de salud de Esmeraldas. Daniel Valencia, dueño de una bodega de mariscos, se escondió dentro de unos tanques porque pensaba que iban a ir de bodega en bodega disparando indiscriminadamente.

“Hubo gritos, la gente corría para todos lados porque pensábamos que iban a actuar como en abril. Murió gente inocente por cruzarse frente a los asesinos”, relató Valencia, aún nervioso por lo sucedido.

Tras la balacera, las actividades fueron irregulares en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas. Más de 30 pescadores que iba a zarpar para pescar decidieron dejar sus embarcaciones en el muelle y se retiraron a sus casas. Además, unas 15 bodegas de mariscos también cerraron sus puertas e interrumpieron la entrega del producto.

La Policía Nacional y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas (FTCE) fueron al lugar para garantizar la seguridad de los agentes encargados de la investigación y el traslado de la víctima al Centro Forense. Luego se marcharon.

Según Julio César Vásquez, comandante de Policía en Esmeraldas, se trata de una extorsión. “Tenemos información de que la víctima habría sido amenazada y le habrían solicitado una suma de dinero a cambio de no hacerle daño y dejarla trabajar”, expuso Vásquez.

Desde la masacre de abril, al menos unos 150 pescadores han dejado de ir a trabajar hasta que la seguridad mejore. Un 90 % de ellos han dejado encargados los negocios y se han mudado a otras ciudades, escapando de la extorsión, según la Asociación de Pescadores de Esmeraldas.

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Esta misma entidad estima que la producción ha bajado en un 45 % porque los pescadores no están zarpando, y las ventas han bajado aproximadamente el 65%, desde la última masacre. Hecho similar al del sábado en Durán, donde murieron seis ciudadanos por negarse a pagar para funcionar como transportistas de mototaxis.

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